En conferencia de prensa, señaló que ante el problema de seguridad que representan y los accidentes que generan las motocicletas y motonetas, propondrá una iniciativa de Ley para Regular la Circulación de los Vehículos Motorizados en la Ciudad de México.
El diputado priísta refirió que en la ciudad de México circulan aproximadamente 24 mil motocicletas con registro ante la SETRAVI, y que cifras del Centro de Experimentación y Seguridad Vial revelan que cada año se registran alrededor de 35 mil accidentes con ese medio de transporte.
González Case comentó asimismo que la omisión de las autoridades para sancionar a quienes de manera irregular conducen motocicletas y motonetas incrementa su utilización para cometer ilícitos.
Explicó que con la iniciativa se permitirá que hasta dos personas circulen en las categorías de motocicletas chopper, ciclomotor, custom, deportiva, naked, de turismo, de velocidad , cross, enduro, supercross, supermoto, trial y todoterreno. En lo referente a motonetas, es decir, motos Scooter, estaría prohibido que más de dos personas viajen en el mismo vehículo.
Se contempla como prohibición la circulación de motonetas y ciclomotores (bicimotos) en carriles centrales de las vías primarias; solo podrán hacerlo por carriles laterales y en vías secundarias.
Las motocicletas no podrán circular entre carriles cuando la velocidad a la que circulen los automóviles sea mayor a 40 kilómetros por hora. Los vehículos que no cuenten con los documentos necesarios, o estén involucrados en un robo u homicidio, serán decomisados y se aplicará la ley de Extinción de Dominio.
La Secretaría de Seguridad Pública tendrá la obligación de crear y actualizar la base de datos de los propietarios de motocicletas, motonetas y ciclomotores dicha base deberá contener nombre del propietario, tipo de sangre, domicilio, modelo y placas.
Las Delegaciones instalarían equipamiento para estacionar ciclomotores, motonetas y motocicletas en banquetas anchas y camellones, cuando así lo permita la infraestructura urbana.
El diputado enfatizó que aquellos que no cumplan con la normatividad serán acreedores a multas de 30 a 50 días de salario mínimo, según el caso; y el decomiso del vehículo si se comprueba que es parte de la delincuencia organizada o no cuentan con los documentos necesarios.
Para el caso de repartidores de productos o comida; la empresa será responsable solidaria de los daños producidos en caso de culpabilidad de su empleado en un accidente vial.
El coordinador del PRI en la ALDF aseguró que con la iniciativa se podrá inhibir considerablemente la utilización de los vehículos motorizado para actos delincuenciales.
