En un comunicado, señaló que para verificar las acciones desarrolladas para la atención de las situaciones señaladas en el informe inicial 5/2016, personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) llevó a cabo los recorridos, con apoyo de personal de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad.
Ello, para verificar el trato y las condiciones de las personas privadas de la libertad de los 25 lugares de detención visitados de manera inicial bajo la competencia de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Secretaría de Salud.
En las visitas se verificaron las condiciones de estancia, a efecto de analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.
Para dar seguimiento a las observaciones señaladas en el informe inicial, personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura mantuvo comunicación con los enlaces designados, con el objeto de registrar las medidas y acciones manifestadas para atender las observaciones respectivas.
Se constató que aún persisten 129 situaciones que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato en 25 lugares de detención e internamiento, a las que se añadieron 11 más al ampliar la supervisión al Centro Regional de Reinserción Social de Iguala.
De las 189 originalmente observadas, 38 ya no representan riesgo y 22 cuentan con avances encaminados a su atención.
Entre ellas sobresalen la falta de partida presupuestal para alimentación de los detenidos, carencia de área específica de aseguramiento para adolescentes aprehendidos; no existe reglamento interno y manual de procedimientos, insuficiencia de personal y con necesidad de capacitación.
Además, falta de área exclusiva para mujeres, subsistencia de condiciones de autogobierno, instalaciones en malas condiciones de mantenimiento e higiene, insuficiente suministro de alimentos o de mala calidad, sobrepoblación y hacinamiento, cobros indebidos y áreas de privilegio e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias.