Georgina Bujanda Ríos, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, denunció lo anterior, al detallar que la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General del Estado (FGE), buscan recuperar ese recurso.
Lamentó que la pasada Administración se limitó a acumular los recursos en cuentas y esto paralizó su uso, porque los criterios técnicos del convenio hecho con la Federación, al igual que lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal, exigen que el Estado aporte un 25 por ciento, para poder liberarlos.
“Durante los años 2014, 2015 y 2016, Chihuahua registró un subejercicio brutal, que en conjunto suman 430 millones de pesos y obedece a que la coparticipación nunca se entregó. Firmaron convenios, anexos, se planteaban metas, pero no se cumplían como si fuera dinero ficticio, de papel, que no se depositaba”, indicó Bujanda Ríos.
Como ejemplo describió que en 2016, el Gobierno de César Duarte, programó 4.5 millones de pesos para el FASP, pero jamás los pagó, y de 73 millones totales a que estaba comprometido, solo aportó seis mil 111.
Para 2014, el Estado perdió más de 20 millones de pesos para vehículos preventivos y de antisecuestro, para mantenimiento de la red estatal de telecomunicaciones y construcción de los sitios que requiere al ser utilizada por corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como en recursos para tareas de investigación, estímulos y reconocimientos.
“Estamos tratando de arreglarlo, entre la Hacienda estatal y la Fiscalía, porque es increíble que, tan solo ese recurso que estaba etiquetado para dignificación, tampoco haya sido depositado, cuando son los agentes los que se la juegan en la calle todos los días. El compromiso del fiscal general, es darle solución al tema y no regresar un peso a la Federación, porque nuestras instituciones lo requieren”, externó.
Señaló que “dejaron fuera temas de justicia para la mujer, de equipamiento como vehículos, para instituciones de Seguridad Pública, de estímulos para el Ministerio Público, de equipo de inteligencia, de mantenimiento y de recursos para el sistema AFIS y de Periciales”.
“No se podía sacar el dinero federal porque no se entregó el estatal, es lamentable pensar que el Gobierno del Estado no los ejerció, por no haber aportado lo que se requería”, agregó la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Aseguró que en 2017 Chihuahua sí ejercerá 290 millones de pesos, del Fondo de Aportaciones a Seguridad Pública (FASP), aprobado en diciembre pasado por la Cámara de Diputados y asignado en detalle por el Concejo Nacional de Seguridad Pública.
Tal bolsa será utilizada para comprar uniformes a todos los elementos municipales y estatales, del Ministerio Público y de la Policía Preventiva, al igual que para construir una Bodega de Evidencias, así como rehabilitar la Escuela de Policía, precisó.
“Vamos a ejercer ese FASP en evaluaciones de control de confianza para el personal sustantivo del Estado y por primera vez abarcará también, a los del Municipio, ya que el Fondo especifica que el 20 por ciento debe ser para los municipios y que nunca se hizo, para darles cursos de formación inicial y de formación continua”, expresó.
De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, el FASP va orientado a respaldar tareas de seguridad pública y de justicia, en Estado y ayuntamientos, respecto a equipamiento, fortalecimiento de las capacidades de profesionalización y del Sistema Nacional Acusatorio, de infraestructura, de Prevención Social de la Delincuencia y Violencia o de justicia para las mujeres, siempre y cuando sean ejes y subprogramas, con perspectiva nacional.