En la denuncia se establece que Yarrington Ruvalcaba sufrió “violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y sus garantías individuales”, por parte de la entonces funcionaria federal, quien dejó el cargo el pasado 1 de diciembre.
El juicio político es un mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución y/o inhabilitación a funcionarios o servidores públicos de alto nivel que, en el ámbito de sus atribuciones, han incurrido en arbitrariedad, abuso o exceso de poder.
Tras presentar la demanda ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, el abogado Marco Tulio Ruiz dijo a la prensa que se busca la inhabilitación de la ex procuradora Marisela Morales porque filtró información de carácter confidencial que se encontraba en una averiguación previa.
En enero del 2012, la PGR confirmó que investigaba a Yarrington por presuntos nexos con prestanombres y negocios vinculados al crimen organizado y en agosto Marisela Morales confirmó que un juez federal había emitido una orden de aprehensión en su contra por delitos contra la salud.
En esa ocasión, Marisela Morales dijo a la prensa que Yarrington estaba considerado prófugo de la justicia y que la PGR utilizaba “todos los mecanismos” a su alcance para localizarlo.
El abogado Tulio Ruiz aseguró que con la difusión pública de datos confidenciales, declaraciones de testigos protegidos y la supuesta orden de aprehensión en contra del ex gobernador, se violó la ley.
Aseguró que no ha habido cabildeo con los legisladores priistas y recordó que “en su momento el PRI se deslindó de su responsabilidad e, incluso, se estableció que el licenciado Yarington ya no pertenecía al PRI”.
En mayo pasado el PRI lo suspendió como militante.
“El licenciado Yarrington no espera a que su partido lo defienda”, indicó su abogado.
El representante legal aseguró que se han presentado cuatro denuncias penales en contra de la ex funcionaria federal.
De acuerdo con el artículo 12, capítulo II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la denuncia debe ratificarse dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación.
Posteriormente, será turnada a la Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para la tramitación correspondiente.
Esta subcomisión tiene un plazo no mayor de 30 días hábiles para determinar a favor o en contra.
De ser aceptada, la denuncia será remitida al pleno de las Comisiones Unidas, para formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara para continuar el proceso.