Califica senador de mal inicio juicio contra ex gobernador en México

El juicio en contra de Javier Duarte, ex gobernador del estado mexicano de Veracruz, adolece de requisitos técnicos para lograr una sentencia definitiva, denuncia hoy Miguel Barbosa, vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado.

El pasado sábado Duarte fue vinculado a proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos, por lo que permanecerá preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Se estima que desfalcó tres mil 148 millones (175 millones de dólares) por desvíos a su favor de la Secretaría de Educación, de Desarrollo Económico y Salud. En la actualidad se investigan propiedades adquiridas en Suiza.

Para Barbosa en esta audiencia, los ministerios públicos encargados del caso evidenciaron falta de preparación y de conocimiento, este fue un mal inicio, afirmó.

En un encuentro con la prensan reiteró que es una burla a la sociedad y a los veracruzanos la falta de claridad, y al parecer complicidad de determinadas autoridades.

Vaticinó que lo mantendrán en prisión hasta pasadas las elecciones del 2018 por temor a que destape hechos con los cuales pueda comprometer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al presidente Enrique Peña Nieto.

Agregó que para cometer los delitos por los cuales se juzga debió de contar con una red de corrupción y complicidad que necesariamente incluye a instancias y servidores públicos federales, así como a dirigentes partidarios en todos los niveles.

Desde el Gobierno, añadió, utilizarán al exgobernador -valiéndose del interés mediático- para que declare en contra de Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien tiene posibilidades de ser el presidente del país en las elecciones del próximo año.

Esta estrategia, recordó, la intentó ejecutar el PRI en el contexto de las elecciones del año pasado y ahora con Duarte en prisión resulta obvio que la volverán a utiliza.

Hasta el momento 16 ex gobernadores -presos, prófugos o sujetos a investigación- enfrentan proceso jurídiciles.

Barbosa analizó que desde el Gobierno les permitieron ejercer el poder a sus antojos, mientras en sus estados no existen controles democráticos, dominan los congresos y establecen un cerco sobre la disidencia política y los medios de comunicación.

Fuente: Prensa Latina