Miles de argentinos colmarán mañana las principales plazas del país para recordar el golpe militar que el 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la dictadura más sangrienta vivida en el país sudamericano.
Los organismos de derechos humanos que se crearon desde entonces, y que están encabezados por las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, iniciaron una larga lucha por la verdad, memoria y justicia que es reconocida a nivel mundial.
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015), los organismos obtuvieron un inesperado apoyo gracias a que ambos exmandatarios enarbolaron los derechos humanos como una de sus principales banderas.
Aunque los Kirchner fueron acusados de usar políticamente a los organismos de derechos humanos, hubo resultados muy concretos como las condenas en contra de más de 900 represores que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de víctimas.
Cuando Macri, opositor al kirchnerismo, ganó la presidencia en noviembre de 2015, los principales referentes de derechos humanos anticiparon temores que, en un breve lapso, se cumplieron.
Los organismos pasaron de la desconfianza a la tensión permanente con Macri, quien revivió el debate social sobre los crímenes de la dictadura que un sector de la sociedad argentina todavía justifica.
En un par de entrevistas, Macri advirtió que no impulsaría los juicios contra los represores porque eso es tarea del Poder Judicial y reconoció que no sabía ni le importaba el número de desaparecidos durante la dictadura.
El debate sobre el número de víctimas parecía saldado, ya que la cifra de 30 mil desaparecidos, consensuada entre los organismos, se convirtió en un símbolo que volvió a ser puesto en duda por Macri y algunos de sus funcionarios.
El ministro de Cultura de Buenos Aires, Darío Lopérfido, fue el primero que dudó de los 30 mil desaparecidos, lo que le valió repudios públicos en cada evento en el que se presentaba y, finalmente, su salida del cargo.
Más tarde, el jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, afirmó que “sólo” hubo ocho mil desaparecidos y “22 mil mentiras”.
Al inicio del gobierno de Macri, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recibió a organizaciones que defienden la dictadura y que consideran a los represores condenados como presos políticos.
Luego, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carloto, denunció que Macri no había querido recibir a un grupo de organizaciones humanitarias con el pretexto de que no tenía tiempo.
Macri tuvo que reunirse con estos organismos en medio del debate que provocó su desaire y ante la inminente visita de François Hollande, presidente de Francia, país que siempre apoyó la lucha por los derechos humanos de Argentina.
La tensión aumentó en julio pasado, cuando un grupo de represores y un militar golpista participaron en los desfiles oficiales por los festejos del Bicentenario de la Independencia sin que hubiera un repudio por parte del gobierno.
Macri, además, volvió a referirse a la dictadura como “guerra sucia”, término cuestionado por los organismos porque apela a la “teoría de los dos demonios” que afirma que en los años 70 pelearon dos sectores por igual: los represores y la guerrilla, lo que no es verdad.
La justicia ya dictaminó en múltiples juicios que durante la dictadura lo que hubo no fue una “guerra sucia” sino un genocidio, que los represores ejercieron terrorismo de Estado y que sus crímenes son de lesa humanidad, o sea que no prescriben.
Este año, la polémica se desató nuevamente cuando Macri canceló, por decreto, la inamovilidad del feriado del 24 de marzo, aniversario del golpe militar, pero fue tanto el repudio que tuvo que dar marcha atrás con la medida.