Si en el proceso se demuesta la comisión de irregularidades el mandato del actual presidente brasileño puede ser anulado.
El juez instructor del caso, Herman Benjamin, entregó el lunes pasado la conclusión de su proceso, así como su opinión jurídica sobre si Rousseff y Temer incumplieron las leyes electorales y a partir del lunes próximo el máximo tribunal electoral de Brasil iniciará el juicio.
El sumario está bajo secreto de la Justicia, pero algunas filtraciones señalan que Benjamin recomendó la anulación del mandato y la inhabilitación política por ocho años, ante las sospechas de que se usó dinero ilícito procedente de la corrupción para pagar gastos de campaña.
El TSE indaga desde octubre de 2015 si se usó dinero ilícito procedente de la corrupción destapada por la operación Lava Jato para financiar la campaña presidencial de 2014 de los entonces aliados políticos Temer y Rousseff, lo que de confirmarse permitiría a la Justicia nada menos que anular el mandato del actual jefe de Estado.
La Fiscalía electoral pedirá, según filtraciones, que el mandato sea anulado, una opinión que si recibe el respaldo de la mayoría de los siete jueces del TSE significará la destitución de Temer de la presidencia de la República, aunque el mandatario aún podría recurrir al Supremo Tribunal Federal (STF), la más alta instancia judicial del país.
Sin embargo, hay un plazo previsto para emitir un veredicto al respecto, aunque este nuevo juicio –que se produce apenas un año después de la turbulencia por el juicio político a Dilma Rousseff- amenaza con reactivar la crisis política que vive el gigante sudamericano desde prácticamente inicios de 2015.
En caso de que sea anulado el mandato de Temer, en el poder desde mayo de 2016, cuando Rousseff fue destituida por impeachment (juicio político), sería la Cámara de Diputados la que elegirá de forma colegiada al próximo presidente de Brasil, en elecciones indirectas transitorias hasta la celebración de comicios a finales de 2018.