Setondi Roland Adjovu y Elina Steinerte, miembros del organismo, dieron a conocer este jueves sus conclusiones después de visitar durante 10 días 19 centros de detención y de entrevistar a 200 personas en esta capital y en las provincias de Buenos Aires, Jujuy y Chubut.
Los especialistas en derechos humanos explicaron en conferencia de prensa que en Argentina los niños, el colectivo lésbico gay y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la Policía por la sospecha de haber cometido un delito, o “demorados” para verificar su identidad.
Revelaron, además, que las fuerzas de Seguridad responden de manera desproporcionada a las protestas de los pueblos indígenas, lo que es particularmente alarmante, ya que la Policía tiene amplias facultades de detención.
Al presentar el informe preliminar sobre Argentina, los expertos precisaron que hay un uso excesivo de la prisión preventiva, categoría en la que se encuentra el 60 por ciento de los presos del país.
Por otra parte, Steinerte señaló que recibieron denuncias sobre menores de edad que, en medidas que violan el derecho internacional, son privados de la libertad y maltratados por la Policía, entre ellos el caso extremo de un niño de ocho años.
También lamentó la reforma de la ley migratoria que, por decreto, firmó el presidente Mauricio Macri en enero y que facilita la detención de extranjeros sin mayores garantías de sus derechos humanos.
Durante la conferencia, el interés de la prensa se centró en el caso de Milagro Sala, una dirigente social, parlamentaria del Parlasur y opositora a Macri que fue detenida en enero de 2016 mientras realizaba una protesta en la provincia de Jujuy.
El año pasado, este Grupo de Trabajo de la ONU consideró que la activista era víctima de detención arbitraria y solicitó su libertad al gobierno argentino, exigencia que también han realizado sin éxito Amnistía Internacional, Human Rights Watchs, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los expertos aclararon que no vinieron únicamente por este caso, sino a revisar la situación integral de las condiciones de detención en el país.
Sin embargo, advirtieron que el reclamo por la liberación de Sala realizado el año pasado sigue vigente y en caso de que el gobierno siga sin dar una respuesta favorable, se podría aplicar un “mecanismo de exigibilidad”.