En una declaración previa al Día internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra el 30 de agosto, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre estas también expresaron su preocupación ante alegaciones de intimidación y represalias contra las víctimas de esa violación y de quienes denuncian sus casos.
"No hay límite de tiempo, no importa cuán corto, para que se produzca una desaparición forzada. Cada minuto cuenta cuando una persona es puesta fuera de la protección de la ley. Y cuando una persona ha desaparecido, cada minuto de angustia que pasan sus familiares sin noticias de ella, es demasiado", dijeron los expertos.
La declaración añade que se han recibido informes y denuncias de personas que son detenidas brevemente por autoridades estatales, quienes luego se niegan a reconocer su detención, y no les permiten ponerse en contacto con sus familiares o con sus abogados, privándoles temporalmente de cualquier tipo de protección legal.
Los expertos consideraron que en esas circunstancias, no importa cuál sea su duración, estas detenciones equivalen a desapariciones forzadas, por las que los Estados involucrados son responsables internacionalmente.
El texto subraya que los Estados tienen la obligación de revelar el paradero de las personas que se encuentran privadas de la libertad; de mantenerlas en lugares de detención oficialmente reconocidos; y de proporcionar información sobre su detención, de manera rápida y precisa, a su familia, a sus abogados, o a otras personas con un interés legítimo.
"Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos", subrayaron.