El parlamentario señaló que de continuo los mexiquenses resienten abusos de muchos concesionarios –no todos- y de los choferes de microbuses, combis y autobuses –muchos de éstos a su vez víctimas de los patrones-, por lo que deben pagar tarifas cada vez más altas “para ser maltratados”.
Agregó que los abusos se multiplicaron a partir de diciembre de 2016 y de plano se dispararon en enero pasado con el pretexto del “gasolinazo” decretado por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, sin que la Secretaría de Movilidad del estado haga realmente algo efectivo para detener tales abusos.
Hoy los mexiquenses –señaló- pagan hasta dos pesos más a las diversas líneas camioneras y hasta cinco pesos a los concesionarios de taxis, de modo que un “viaje redondo” representa 57 por ciento del aumento salarial –que fue de siete pesos en 2017 respecto a 2016- en microbús o autobús concesionado y de 142 por ciento en taxi.
En realidad –precisó- el gasto de cada uno de los habitantes, visitantes o transeúntes en transporte público es en promedio de 28 pesos al día, es decir, casi el 50 por ciento del salario mínimo de 2106 y casi 35 por ciento del de 2017.
“Frente a estas cifras, no podemos ser indiferentes. Un aumento de 2 pesos es un golpe bajo a todas las familias mexiquenses”.
Es decir, el aumento al salario mínimo de 73.04 pesos en 2016 a 80.04 pesos en 2017 quedó ya anulado por este encarecimiento, explicable o no por el “gasolinazo”, lo que de cualquier modo se traduce en un grave perjuicio para quienes habitan o transitan por el Estado de México.
De acuerdo con algunos sondeos, el ingreso diario de una familia de cuatro integrantes en el Estado de México es de 168 pesos. Si el gasto promedio en transporte de cada uno de ellos es de 28 pesos, significa que destinan más del 60 por ciento de su ingreso a transporte.
“Cualesquiera que sean los supuestos, es claro que el artero encarecimiento del transporte ha generado molestia en la población y cientos de denuncias a las que las autoridades mexiquenses no han podido o querido dar la atención. Así, la ciudadanía queda inerme ante un gobierno omiso, negligente e, incluso, cómplice de medidas lesivas para la población de menores recursos”, recalcó el parlamentario federal perredista.
Omar Ortega puntualizó que este encarecimiento es “inversamente proporcional a la calidad del servicio”, pues habitantes y visitantes de la entidad pagan un pasaje cada vez más alto por un traslado inseguro y, con frecuencia, peligroso y mortal.
El coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD en la Cámara de Diputados expresó el reconocimiento de su partido a todos los trabajadores del transporte público, tanto en esa entidad como en las demás de la República, y reconoció también que –salvo excepciones- no son los responsables de ese mal servicio, pues incluso son víctimas que, entre otras cosas, deben reducir su porcentaje para completar la “cuenta” que deben entregar a los concesionarios.
También reconoció que los concesionarios enfrentan costos que, hasta cierto punto, hacen inviable la rentabilidad de la concesión, pero aún en este caso los convocó a no ensañarse ni con sus trabajadores ni, muchos menos, con la sufrida población del Estado de México, sino a exigir “cuentas” a un gobierno –federal y estatal- inepto que con su ineficiencia cada vez complica más las cosas.