Entre la información a entregar, se determinó que deben incluirse los partes navales generados por la dependencia, en los que deben darse a conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, del mencionado operativo.
Ante el Pleno del INAI, el comisionado ponente, Francisco Javier Acuña Llamas, expuso que el caso, por ser de notoria trascendencia y de relevancia nacional, obliga a dar a conocer la información, al prevalecer el interés público, por encima de la reserva.
“Por las maneras en las que se evidencia en todos los medios y en todos los mecanismos de información en dónde fue recapturado, a qué hora, bajo qué circunstancias, no tiene sentido, desde la perspectiva del interés público, resguardar o proteger esta información bajo causal de reserva, que sí lo puede tener de suyo para otros casos, para otros muchos casos”, explicó.
En respuesta a un particular que solicitó esa información, el sujeto obligado indicó que la documentación fue remitida al Ministerio Público Federal, por lo que se encontraba inmersa en una averiguación previa y, por consecuencia, está imposibilitado de entregarla.
Después de admitir el recurso, la ponencia citó en dos ocasiones al sujeto obligado, con el objeto de tener acceso a las documentales reservadas; no obstante, la Semar fue omisa en atender tales requerimientos.
“Aquí lo que quiero yo destacar, y me preocupa profundamente, es la actitud de la Secretaría de Marina porque en dos ocasiones reiteradamente nos desdeñó, no vino al acceso al que se le citó y no es una cita de invitación. Como órgano garante, tenemos la potestad de autoridad de citar y hacer venir o de hacer que se nos haga conocer o mostrar in situ información en las dependencias públicas”, manifestó Acuña Llamas.
En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Acuña Llamas, señaló que el argumento de la Semar, en el sentido de que la información es reservada por formar parte de una averiguación previa en poder de la Procuraduría General de la República (PGR), no es procedente, ya que la Secretaría de Marina no cuenta con atribuciones para integrar dicha averiguación previa del caso, ni para llevar a cabo la investigación correspondiente.
Se insistió en que los detalles de la detención -circunstancias de modo, tiempo y lugar, que obren en los partes navales- de Joaquín Guzmán Loera, a pesar de que forman parte de una averiguación previa, deben difundirse en aras de privilegiar el interés público.
Si bien el Pleno del INAI resolvió, por unanimidad, que la información fuera entregada al particular, revocando la respuesta de la Semar, se emitieron votos particulares.
El comisionado Oscar Guerra Ford consideró que la información por su naturaleza, al tratarse de acontecimientos pasados, es pública, por lo que al no actualizarse causal de reserva alguna respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, contenidas en estos partes navales, resulta innecesario hacer un test de interés público.
La comisionada Areli Cano Guadiana consideró que la información por su naturaleza es pública, y se manifestó en contra del análisis oficioso que se hace en el proyecto, basado en el interés público, en tanto que el señalamiento de la posible reserva de este documento no fue expresamente señalado por la Semar en su respuesta.
A su vez, el comisionado Joel Salas Suárez se manifestó en contra de desvirtuar una clasificación de reserva, como se presentó en el proyecto, la cual nunca fue invocada por el sujeto obligado.
En tanto, las comisionadas Ximena Puente de la Mora y María Patricia Kurczyn Villalobos, así como el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, votaron a favor de revocar, pero bajo el argumento de que la propia Semar hizo públicas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la referida captura.
Hicieron notar que el propio sujeto obligado autorizó la realización de videos, que se pueden consultar en la red, en los que se ofrecen detalles y toda la reconstrucción del operativo para la captura de Guzmán Loera.