Precisó que por parte del Instituto Nacional Electoral y los organismos locales se han realizado actividades para que los comicios se desarrollen conforme a lo establecido, así como los procesos de capacitación de funcionarios y las campañas electorales. “Las instituciones del Estado mexicano trabajamos de manera conjunta para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos”.
Dijo que del 1 al 6 de junio habrá un despliegue de agentes del Ministerio Público especializados, peritos y policías en las instalaciones de los institutos electorales, delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), en las cuatro entidades donde habrá elecciones este año, para que se trasladen a los lugares donde se presenten denuncias.
Este operativo estará en campo los días previos a los sufragios para atender denuncias; se desarrollará con fiscalías electorales locales e institutos electorales Nacional y estatales, así como con delegaciones y subdelegaciones de la PGR, para dar mayor seguridad al voto.
El objetivo, comentó, es “acercar el modelo de procuración de justicia penal electoral y rendir a esta Comisión Especial un informe de las investigaciones y consignaciones”.
Uno de los principales desafíos del actual proceso electoral, dijo, es el traslado de grandes cantidades de personas de un municipio a otro para que voten indebidamente, denominado “turismo electoral”, así como la violencia política de género, la posibilidad de actos agresivos y falta de policías para atender denuncias sobre compra de votos, condicionamiento de programas y eventos masivos para entregarlos.
Durante el segundo y último día de trabajos del Foro “Marco Normativo para el blindaje en el uso de recursos públicos en los procesos electorales locales 2016-2017, en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México”, sostuvo que en tiempos electorales no puede haber eventos masivos de entrega de apoyos, pero tampoco se puede suspender el reparto “en un país que tiene 60 millones de pobres. Es impensable”, enfatizó, y se pronunció por combatir esas prácticas “que tanto daño hacen al modelo democrático del país”.