Los agentes económicos sancionados prestan servicios de transporte marítimo a nivel global a fabricantes de equipamiento original que producen y/o comercializan vehículos automotores. Todos coinciden en diversas rutas que involucran puertos mexicanos. Dichos agentes pactaron nueve acuerdos colusorios celebrados entre 2009 y 2012, pero en algunos casos su vigencia alcanzó hasta 2015, para segmentarse el mercado de transporte marítimo de vehículos automotores y maquinaria rodante para la construcción y agrícola en el territorio nacional. Con ello redujeron la presión competitiva y elevaron los costos de los servicios que daban a empresas del sector automotriz.
La práctica consistió en la asignación de segmentos de rutas de transporte que incluían a México, como punto de origen o destino, de o hacia Argentina, Brasil, Chile, Japón, Tailandia, Indonesia, y Bélgica. Los puertos nacionales involucrados fueron Altamira, Veracruz, Manzanillo, Mazatlán y Lázaro Cárdenas, en donde hubo carga o descarga de vehículos automotores para salir o ingresar a territorio nacional.