Periodistas en el colimador

El reportero gráfico hondureño Edwin Rivera se convirtió en el octavo profesional de la prensa asesinado en México en lo que va de año, lo cual reafirma que el gremio informativo está en el blanco del colimador y lo peor, con impunidad para sus victimarios.

Rivera se había refugiado en Acayucan, estado de Veracruz, tras huir de su país por temor a perder la vida, como le ocurrió a su compañero de labores, Igor Ibarra, director y productor del programa Los Verduleros de la televisión hondureña, asesinado en San Pedro Sula a mediados de enero.

La muerte de periodistas volvía a ser recurrente en México, considerado como el tercer país más peligroso del planeta para el ejercicio del periodismo, solo después de Siria y Afganistán, naciones envueltas en conflictos armados.

Unos días antes de la muerte del camarógrafo hondureño fueron encontrados en el fondo de una barranca de la región de Tierra Caliente, estado de Michoacán, los restos del periodista mexicano Salvador Adame, desaparecido desde mayo.

Según las primeras investigaciones, Adame resultó asesinado por sicarios al mando de un narcotraficante apodado como 'el Chango Peña'. El cuerpo de la víctima fue quemado y hubo que identificarlo mediante pruebas de ADN.

Este año también perdió la vida violentamente Javier Valdez, corresponsal de La Jornada y cofundador del semanario Ríodoce, ultimado por sus sicarios a plena luz del día en una céntrica avenida de Culiacán.

Valdez era reconocido por sus artículos y libros sobre el flagelo del narcotráfico y sus nexos en diversos estamentos de la vida pública.

Como él también murieron Filiberto Álvarez Landeros, locutor en Tlaquiltenango, Morelos (29 de abril); Maximino Rodríguez Palacios, del portal de noticias Colectivo Pericú, en Baja California Sur (14 de abril) y MiroslavaBreachVelducea, corresponsal de La Jornada y colaboradora de Norte, de Ciudad Juárez (23 de marzo), a quien mataron delante de su hijo.

Asimismo, Ricardo Monlui Cabrera, propietario y director del portal El Político y editor de la columna Crisol de Córdoba, en Veracruz (19 de marzo) y Cecilio Pineda Brito, director de La Voz de Tierra Caliente, en Guerrero (2 de marzo).

Llama la atención la repetición de esos crímenes a pesar de que hay un mecanismo legal instituido para que la Procuraduría General de la República, y las estatales, brinden protección a los periodistas y activistas de derechos humanos.

Pese a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, apelaciones y promesas del presidente Enrique Peña Nieto, así como protestas de comunicadores y de otros sectores, y denuncias de organismos internacionales, en ninguno de estos casos hay culpables ni procesos judiciales.

Nada extraño en un país donde la impunidad de los periodistas prevalece en el 99.75 por ciento de los casos. El dato no es de ningún medio de comunicación, sino del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, que divulgó un estudio sobre la libertad de expresión en el país.

Los peligros para la prensa en México no son nuevos. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, adscrita a la Secretaría de Gobernación, tiene contabilizados 105 periodistas asesinados por su labor de 2000 a 2016.

Además, suman 18 los profesionales de la prensa que han perdido la vida durante la administración del presidente Peña Nieto, que por estos días se desmarca de acusaciones respecto a espionaje contra comunicadores, activistas de derechos humanos e incluso contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el cual investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Fuente: Prensa Latina