"La condena a una pena de prisión a un intermediario técnico, que no puede ser responsable del acto de publicación de un vídeo juzgado insultante, parece totalmente desproporcionada", indicó RSF en un comunicado.
La reacción se produce después de que las autoridades brasileñas ordenaran el arresto del presidente y del director de Google en el país por la difusión de vídeos políticos juzgados contrarios a la ley electoral del país.
RSF considera asimismo "inadaptado" para internet el Código Electoral de 1965, promulgado bajo la dictadura militar, que regula la crítica en tiempos de campaña electoral.
Por ello, pide que se apruebe lo antes posible un proyecto de ley presentado en 2011 y que protege la información en la red, pero cuya adopción ha sido retrasada en varias ocasiones.