La justificación del gobierno en turno para cancelar los recursos fue combatir la corrupción e irregularidades que permeaban en estas instituciones. El informe presentado por la Secretaría del Bienestar, en la conferencia matutina del 3 de abril, mostró cifras importantes sobre el estatus de las estancias, y un dato relevante fue que 31 por ciento de las niñas y niños inscritos en el programa no fueron localizados.
Algunas de las causas para la reducción de los padrones fueron: domicilios inexistentes, registro de personas en un municipio con datos de otra entidad, ausencia en la asistencia, cambios de domicilio no reportados, etcétera. Parte de la justificación a estos cambios tendría que ver con la propia movilidad de las personas, pero hay otro porcentaje que no se justificaría. El Instituto Nacional Electoral reporta cambios en los domicilios de manera constante; no obstante, aun con estos cambios poblacionales “esperados”, el porcentaje iría de 10 a 20% y no llegaría al 31% que registraron. Recordemos que el gobierno federal aportaba 900 pesos por cada niño, por lo que pudo haber una inflación del padrón.
Resulta interesante que primero se anunciara la medida para la cancelación de recursos y luego se hiciera público el diagnóstico que sustentaba la decisión. Lo que es cierto es que, tal como pasa en otros países, hoy en día el gobierno de México tiene que justificar cada vez más sus decisiones ante la ciudadanía y sus críticos.
Como es uno de los temas de la agenda, en la encuesta nacional realizada a finales de febrero en vivienda, cara a cara por Parametría, preguntamos el conocimiento que las personas tienen de estas estancias y sus percepciones en el tema. Existe todo un debate en opinión pública sobre si un programa social se tiene que consultar solo a la población beneficiada o bien se deben hacer encuestas nacionales que den un panorama general de la población. En este caso, la encuesta se realizó a escala nacional y no solamente a personas con hijos que pudieran ser beneficiarios del programa. Es muy probable, por las expresiones registradas en la opinión pública, que la opinión de los afectados sea muy distinta a la de la población en general.
Es importante que las estancias infantiles sean conocidas por un considerable porcentaje de la población en el país. Siete de cada 10 entrevistados (73%) las identificó. Si bien otros programas como el Seguro Popular tienen niveles de identificación arriba de 90%, se trata de programas que benefician a la mayor parte de la población. Las estancias infantiles atienden a una población focalizada y aun así son altamente conocidas.
Una percepción que parece confusa o incluso sustentada en información equivoca, pero relevante para sustentar otras opiniones, tiene que ver con el costo de estas. Si bien el programa fue diseñado para ser gratuito, 56% de la población piensa que se debe pagar por ellas, mientras que 31% dijo que no tenían costo. Es difícil explicar esta percepción. Tal vez se puede explicar porque hubo denuncias respecto del cobro que algunas estancias hacían a los padres. También puede influir en esta percepción el hecho de que se pidan recursos para material y otros gastos, o simplemente el hecho de que hay un número considerable de guarderías privadas.
Sobre el punto crítico referente al financiamiento del programa es posible ver que hay opiniones divididas. El dilema fundamental es si es mejor que el gobierno dé el dinero a los padres de familia que tienen hijos pequeños para que ellos elijan dónde dejarlos y aquellos que consideran es más adecuado que el gobierno siga dando el dinero a las estancias, aunque es un poco mayor quienes optan por la propuesta de política pública liberal de dar dinero a los padres.
Es interesante que la gente prefiera la medida liberal en este tema. Es decir, que los recursos sean entregados directamente a los padres y no a las estancias, debemos seguir indagando si estas preferencias tienen que ver con el apoyo de la ciudadanía al presidente o bien si han aumentado las preferencias por un modelo distinto al que hasta ahora apostaba por subsidios institucionales.
Las personas distinguen que hay diferencias entre un sistema de cuidado de las y los niños en los hogares y uno de estancias infantiles. La mayoría (71%) considere que los niños pequeños están más seguros en casa, cuidados por sus familiares, aunque las estadísticas contrastarían estas opiniones, pues de acuerdo con los reportes médicos, la mayoría de los accidentes de niños menores de cuatro años ocurren en los hogares. Posiblemente algunos casos como el incendio de la Guardería ABC, en Sonora sean referentes para estas percepciones sobre la seguridad de los niños en estancias.
Siete de cada 10 personas consideran que es en las estancias infantiles donde los niños aprenden nuevas cosas y no en los hogares, esta postura fue adoptada también por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien en su visita a México señaló la importancia de estas instituciones para el desarrollo intelectual de la niñez.
Un dilema frecuente de la democracia es encontrar mayorías con posición clara contrapuesta a la opinión de grupos afectados. Estos últimos suelen ser más intensos. En la presente administración no parece ser que las estancias infantiles serán el único tema que suscite este fenómeno. La discusión de la Guardia Nacional o la reparación para familiares de víctimas de desaparición forzada pueden ser otro par de ejemplos. Es probable que en el futuro encontremos más de estos dilemas. La práctica democrática nunca es sencilla.
