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Por Información Estratégica

Amplio apoyo a evaluación de maestros

El pasado 29 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad, que la evaluación para el ingreso, permanencia y promoción de los maestros en México es constitucional. Con esta decisión se rechazaron tres amparos promovidos por algunos maestros, quienes argumentaban que la evaluación viola el derecho humano de libertad de trabajo.

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En el tema de la evaluación educativa, la opinión pública en el país respalda que los maestros de las escuelas públicas sean evaluados. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda realizada por Parametría, nueve de cada diez entrevistados están a favor de la medida. Si revisamos las mediciones anteriores que ha realizado Parametría sobre el mismo tópico, podemos observar que desde la primera vez que lo medimos, en abril de hace tres años, existe un amplio respaldo de la sociedad para que los profesores de las escuelas públicas del país se sometan a evaluaciones.

De acuerdo con datos del Servicio Profesional Docente, hasta el pasado 22 de junio, las evaluaciones para profesores cerraron con 83.4  por ciento de participación. Sin embargo, en Chiapas, Michoacán y Oaxaca, se realizaron protestas para impedir la aplicación de las pruebas, por lo que la evaluación tuvo que ser reprogramada.

En el país además de apoyar la evaluación de los profesores, más mexicanos están de acuerdo con que exista una sanción a los maestros que no quieran ser evaluados. El 85  por ciento de los entrevistados dijo estar de acuerdo con que sean penalizados. Dichas opiniones han perdurado desde 2012 cuando realizamos la pregunta por primera vez.

Sobre el tema de las sanciones a las que serán acreedores aquellos profesores que se nieguen a ser evaluados, la Ley General del Servicio Profesional Docente señala que quien no quiera participar en los procesos de evaluación o quien obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación (si fue contratado después de que entrara en vigor la ley) será separado del servicio público.

En la opinión de los mexicanos sobre el tipo de sanciones que deben tener los maestros que se nieguen a ser evaluados observamos un cambio importante respecto de las mediciones realizadas en otros años. En 2012 y 2013 las primeras opciones de respuesta respecto al tipo de castigo que debía aplicarse a estos maestros era que fueran suspendidos temporalmente. Así lo sugirió el 25  por ciento el año antepasado y el 29  por ciento el año pasado. Sin embargo, en la más reciente medición de 2015, la primera opción es ocupada por la suspensión definitiva, con el 32  por ciento de las menciones. La suspensión temporal pasó al tercer sitio.

En junio de 2015, el 32  por ciento optó por que la sanción fuera la suspensión definitiva, 25  por ciento consideró mejor imponerles una sanción económica, 18  por ciento la suspensión temporal, 10  por ciento dijo que era suficiente con publicar los nombres de los maestros y 7  por ciento consideró que se debe de aplicar llamada de atención a quienes se nieguen a hacer las pruebas.

Los datos de la encuesta señalan que los entrevistados perciben que los maestros se oponen a ser evaluados. Seis de cada diez entrevistados (58  por ciento) dijo que por lo que sabe o ha escuchado los maestros de las escuelas públicas están en contra de que se les evalúe. Solo 14  por ciento considera que los docentes están a favor de ser sometidos a pruebas que determinen si cumplen o no con el perfil del puesto. Las opiniones en el tema no presentan cambios importantes respecto a 2013, cuando 59  por ciento también dijo que rechazaban la evaluación.

En una pregunta abierta, es decir, sin dar opciones de respuesta a los entrevistados, indagamos cuáles creían los ciudadanos que eran las causas por las cuales los maestros estaban en contra de ser evaluados. Al respecto en el último levantamiento, el 61  por ciento dijo que los profesores de las escuelas no querían ser evaluados por que les falta preparación, 23  por ciento consideró que era por no querían perder privilegios, y únicamente 3  por ciento señaló que por defender sus derechos. Es posible observar que la argumentación de los maestros que están en contra de la evaluación por una cuestión de defensa de derechos, no ha permeado en la opinión pública.

  • Estos porcentajes son similares a los del año 2013 cuando más personas mencionaron que los maestros estaban en contra de ser sometidos a pruebas por falta de capacitación (69  por ciento) o por afectación a sus intereses (23  por ciento).

Finalmente, pese a las respuestas anteriores, los maestros siguen siendo una de las instituciones que más confianza generan entre los ciudadanos. Si bien observamos una disminución del porcentaje que dicen confiar en ellos si lo comparamos con julio de 2012, hoy en día seis de cada diez  mexicanos les tienen mucha o algo de confianza.

A diferencia de la confianza que inspiran los maestros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene mayores porcentajes de personas que dicen confiar poco o nada en esta institución que aquellos que opinan lo contrario (51  por ciento vs 42  por ciento)