En el primer caso, Bruselas denuncia que los tres países en cuestión sólo han llevado parcialmente las directivas sobre Electricidad y Gas a su legislación nacional.
Esas normas debían estar transpuestas íntegramente en los ordenamientos de los Estados miembros antes del 3 de marzo de 2011, según recordó hoy la CE en un comunicado.
Por ello, el Ejecutivo comunitario solicita multas diarias de entre 4,224 euros y 148,177 euros por cada una de las directivas no adaptadas correctamente hasta que sean bien transpuestas, cantidades que varían en función de la gravedad del caso.
"Los retrasos en la implementación de las reglas del mercado interior de la energía tienen efectos negativos en todos los actores y no son aceptables", señaló en la nota el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger.
En el caso de Portugal, la CE decidió llevar al país ante la Justicia comunitaria al considerar que no ha respetado una sentencia del año 2010 que le requería cumplir con las normas europeas de telecomunicaciones.
En concreto, en lo relativo al proceso de selección de la empresa o empresas encargadas de suministrar el llamado "servicio universal".
La legislación europea establece como obligatoria la prestación a toda la población de ese servicio mínimo (que incluye el acceso a la red telefónica a un precio razonable, la existencia de teléfonos públicos de pago y el uso gratuito del número de emergencia) y prevé que la selección del operador debe ser transparente y no discriminatoria.
Para Bruselas, Portugal no ha cumplido con esos requisitos, aunque ha dado pasos para solucionar la situación, por lo que solicita al Tribunal de Justicia una multa reducida de 5,277 euros por día de retraso en el cumplimiento de lo dictado por la Justicia.