El académico considera oportuno dejar oscilar estos productos de acuerdo con el precio internacional del crudo, las gasolinas y el diesel, así como la evolución del tipo de cambio.
El investigador sostiene que “si es serio el reconocimiento manifestado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su documento sobre finanzas públicas de enero de 2013 respecto a que el incremento mensual de precios de los carburantes se está traduciendo en una reducción de los subsidios, y sus funcionarios coinciden en la necesidad de que éstos desaparezcan por sus efectos inflacionarios y contradistributivos, vía el incremento del índice nacional de precios al consumidor (INPC), la política de precios administrados tal vez deba dar paso a una de libre mercado, como en los países desarrollados”.
En el artículo: Prácticas financieras del gobierno federal en el manejo de los recursos petroleros a 75 años de la expropiación, el profesor-investigador adscrito al Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa expone que lo anterior implicaría que los precios de los carburantes en el país bajen y suban como lo hacen en la costa Golfo de Estados Unidos.
Dicha medida sería posible previa modificación por parte del Congreso de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en materia de precios de los carburantes, la cual estaría vigente hasta 2014 e implica incrementos mensuales escalonados de éstos, como se viene haciendo desde 2008.
Esto, sugiere, se ha traducido en alzas de las gasolinas y el diesel de más de 10 por ciento promedio anual y ha afectado en un punto porcentual el INPC, cuyo nivel promedio ha sido de 4 por ciento, restando competitividad al país.
Para transformar el subsidio generalizado en uno focalizado, cuyo objetivo sería apoyar a las personas de bajos ingresos que dependen del transporte para sobrevivir y/o cuentan con vehículos de trabajo, seguramente la primera opción del Sistema de Administración Tributaría (SAT) sería el establecimiento de cupones de devolución de impuestos.
Pero lo más justo, expedito y con menor redundancia administrativa sería reintegrar a dichas personas parte del costo de su factura de carburantes al momento de cargar el tanque, previa exhibición, por ejemplo, de una credencial que los acredite como familia en condiciones de vulnerabilidad.
Un aspecto importante es transparentar las finanzas del gobierno federal en relación con Pemex: ingresos recibidos por concepto de exportaciones de crudo y otros productos; egresos por conceptos de exportaciones, particularmente, gasolina, diésel y gas, precios de mercado e implícitos, que deben coincidir no sólo a nivel externo, sino también interno, y subsidios otorgados por productos, explicitando las fórmulas, asevera.
El texto publicado en el Reporte Macroeconómico de México, edición junio de 2013, de la Unidad Azcapotzalco, señala que la continuidad de la aplicación del subsidio a las gasolinas y el diésel ya no se justifica porque se basa en cálculos dudosos y corresponde esclarecer a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la SHCP y el Congreso de la Unión.
Los puntos que deben explicar las referidas instancias estatales son: los 135 millones de barriles diarios (MB/D) de gasolinas que produce Pemex en la refinería de Deer Park, Texas, cuya propiedad ostenta a parte iguales con Shell Oil Co., los cuales no deberían de registrarse en el rubro de importaciones, pues se trata de producción propia; el efecto de las exportaciones de 69 MBD de gasolinas y 116.7 MBD de combustóleo durante enero de 2013 en la balanza petrolera del país, ya que en un régimen de comercio intraindustrial no es relevante referirse a importaciones brutas, sino netas.
Asimismo, añade, la edificación de la refinería Bicentenario, en Tula, Hidalgo, incluida en la reforma energética de noviembre de 2008, por cuyo retraso las importaciones son mayores a las deseables y se prometió estaría concluida a más tardar en 2014; el hecho de que el precio de la gasolina y el diésel estadounidense que toma como referente el IEPS (costa Golfo de dicho país) incluyen impuestos, distribución y mercadeo, dado que se trata de ventas al menudeo y, si éstos no los carga Estados Unidos en sus exportaciones a México por tratarse de ventas externas, debería de descontarse al precio de referencia.
También, apunta, la distorsión que causa en el precio de las gasolinas y el diésel importados el Impuesto a la Importación de Pemex, cuyos ingresos representan 0.5 por ciento de la carga fiscal a la entidad. Es decir que el consumidor mexicano paga al comprar gasolina y diesel el IEPS, el IVA y los impuestos a la importación de Pemex, además de los impuestos y gastos de distribución y mercadeo estadounidense.
Por lo tanto, sostiene el investigador, los organismos del sector energético y el Congreso de la Unión, que aprueba los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y diversos documentos de planeación y presupuestación de Pemex, deben informar al público los componentes del precio de los petrolíferos como se hace en Estados Unidos.