Biden propone redefinir a los trabajadores autónomos en la economía colaborativa

La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso este martes redefinir qué es un trabajador autónomo en la economía colaborativa, lo que podría tener implicaciones en empresas como Uber o Lyft.

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Foto de archivo del presidente de EE.UU. Joe Biden. EFE/EPA/Ron Sachs

El Departamento de Trabajo dijo en un comunicado que el objetivo de la iniciativa es garantizar que los empresarios no clasifican como contratistas independientes a trabajadores que no deberían serlo, dejándolos sin un salario y un horario justo.

La cartera de Trabajo alertó que esa clasificación errónea se produce en distintos sectores, como el de los cuidados, servicios de conserjería, conducción de camiones, reparto de domicilio, la construcción y la hostelería, entre otros.

El secretario de Trabajo estadounidense, Marty Walsh, afirmó que los contratistas independientes tienen un "papel importante" en la economía, pero aseguró que el departamento que dirige ha visto muchos casos en los que los empleadores clasifican erróneamente a sus trabajadores como tales, especialmente a los más vulnerables.

Esta práctica, agregó, "priva a los trabajadores de protección laborales federales, incluido el derecho a recibir su salario completo y ganado legalmente".

En Estados Unidos, se requiere que las compañías ofrezcan una serie de protecciones a los empleados por cuenta ajena como el pago de un salario mínimo y de las horas extras, o aportar a la seguridad social del trabajador, lo que no ocurre con los contratistas.

A partir de ahora, se abre una periodo hasta el 28 de noviembre para que las partes interesadas hagan sus comentarios sobre la propuesta del Ejecutivo de Biden.

Según medios estadounidenses, la nueva normativa modificaría la establecida por el Gobierno del entonces presidente Donald Trump (2017-2021), que facilitaba que las compañías de la economía colaborativa clasificaran a los trabajadores como contratistas independientes.

El año pasado, la Administración de Biden intentó rescindir esa normativa, pero un tribunal falló a favor de mantenerla.