Bruselas tensa la cuerda con Silicon Valley en la lucha fiscal y de competencia

El último ejemplo de estas desavenencias ha llegado con la compra por parte de Google de la empresa tecnológica de salud y deporte Fitbit, una operación que ha motivado la apertura esta semana de una "investigación en profundidad" por parte del Ejecutivo comunitario.

El temor de las autoridades de competencia es que esta adquisición aumente aún más la ya amplia "posición de Google en los mercados de la publicidad en línea, aumentando el volumen de los datos que Google podría utilizar para personalizar su publicidad que propone o muestra", según defendió la Comisión el pasado 4 de agosto.

La absorción, cerrada en 2.100 millones de dólares, supondría además la obtención de datos personales "esenciales sobre la vida y la salud de los usuarios de los dispositivos" de millones de ciudadanos, lo que levantó críticas entre entidades europeas de privacidad digital como Access Now, EDRi o Privacy International.

Pese a que la multinacional norteamericana se ha comprometido a "no utilizar los datos de Fitbit para publicidad", su posición en el sector de la publicidad online es "de lejos" la más poderosa en la UE, con "más de un 70 % del mercado" entre 2006 y 2016, según subrayó la Comisión tras imponerle una multa de 1.490 millones de euros en marzo de 2019.

"Mediante la imposición de restricciones contractuales contrarias a la competencia en sitios web de terceros, Google ha reforzado su dominio en la publicidad de búsqueda en línea y se ha protegido de la presión de la competencia", defendió tras imponer la multa la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

TRIBUTACIÓN Y TASAS DIGITALES

Otro de los asuntos principales sobre la mesa es el del bajo nivel de impuestos que tributan la mayoría de gigantes tecnológicos en relación a sus ingresos en el mercado europeo, un caballo de batalla que varios países ya contemplan regular en su mercado interno con la denominada tasa digital o tasa Google.

A nivel comunitario, los esfuerzos de la Comisión han ido en la línea de una tributación más severa y acorde a los ingresos, pero un reciente golpe judicial y la resistencia de varios países que ofrecen una baja fiscalidad a las empresas a cambio de que se asienten en su territorio complica el margen de maniobra del Ejecutivo.

Así, el pasado 15 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea sentenció que la decisión de la Comisión de pedir a Irlanda la recuperación de 13.000 millones de euros más intereses en impuestos no abonados por Apple entre 2003 y 2014 era ilegal.

El litigio se remonta a 2016, cuando la CE concluyó que dos pactos fiscales concedidos a Apple por la isla en 1991 y 2007 le permitieron "reducir sustancialmente y de forma artificial los impuestos" que pagaba, llegando a abonar una tasa efectiva del 0,005 % en 2014 aunque el impuesto de sociedades es del 12,5 %.

También se pronunció de manera directa el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en un encuentro online a mediados de mayo con el máximo responsable de Facebook, Mark Zuckerberg.

En relación al pago de impuestos, Bretón advirtió que toda empresa tecnológica "debe pagar impuestos donde se tienen que pagar" y, sobre la adaptación de las redes sociales a la detección de bulos y desinformación, añadió: "No somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ustedes".

SOBERANÍA DIGITAL Y FUTURO INDUSTRIAL

Más allá de fiscalidad y libre competencia, la pandemia ha evidenciado la dependencia europea tanto de servidores como de servicios prestados, mayoritariamente, por empresas norteamericanas.

Para el presidente de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ricardo Rodríguez Contreras, el término de soberanía tecnológica es, a día de hoy, "pura ilusión" en la UE.

"La Comisión es muy consciente de ello desde hace años, pero hoy en día la balanza está muy desequilibrada en favor de las empresas norteamericanas y a nivel comunitario no se tienen herramientas para revertirlo", explica Rodríguez en declaraciones a Efe.

A su juicio, tanto el Consejo como el Parlamento deberían dar un paso al frente para impulsar un "ecosistema europeo de economía digital" y el impulso de "infraestructuras y herramientas" que aúnen servicios hasta ahora descentralizados entre los países miembro como, por ejemplo, la gestión de las prestaciones por desempleo.

En este sentido, la construcción de una red de "cooperación transnacional" a nivel europeo requeriría altas dosis de "impulso, ambición y visión", algo a lo que apelan desde la entidad civil de cara a los próximos años.

"Hay que ir hacia un sistema de gobernanza, con una política industrial y con una inversión inteligente de los fondos de reconstrucción. Hay que asegurarse de que se invierte en lo que se tiene que invertir para sentar las bases de un progreso tecnológico común", concluye el también investigador de la agencia Eurofound.