En su reporte semanal, el CEESP indicó que hasta ahora los perjudicados más claros son los distribuidores autorizados de los combustibles, cuyos ingresos podrían ser afectados en una tercera parte desde que comenzó el problema de abasto a finales de 2018.
"De ser así, el costo ascendería a poco más de 6,000 millones de pesos (unos 312 millones de dólares), lo que representa el 0.03 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)", indicó el texto.
"Aunque podría parecer mínimo, no obstante, a eso habría que incluir el costo de diversas actividades productivas, aunque es probable que en conjunto el impacto no sea mayor a una décima del producto", agregó.
La administración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el pasado 1 de diciembre, comenzó a finales de diciembre un plan para terminar con el robo de combustibles que creció en los últimos años.
La medida ha provocado algunos problemas de abasto de gasolinas para el consumidor en los estados de México (centro), Guanajuato (centro), Jalisco (oeste), Michoacán (oeste), Querétaro (centro), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noreste), Hidalgo (centro) y la Ciudad de México (capital).
La situación se debe a que la distribución de los hidrocarburos se cambió de los ductos a la vía terrestre con carros tanque, con el fin de acabar con las tomas clandestinas, un fenómeno conocido como "huachicoleo".
El CEESP señaló que la falta de capacidad para surtir de forma eficiente con gasolinas a la población podría comenzar a generar desequilibrios en la actividad productiva.
"El desabasto de combustible afecta seriamente a todos, pero singularmente a los que menos tienen, ya que para muchas personas es un insumo importante en su actividad diaria", indicó el organismo, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
"La preocupación aumenta cuando inician señales de un posible impacto en el suministro de las tiendas comerciales", agregó.
Pese a todo, el CEESP indicó que la mejor forma de terminar con el flagelo es sumando esfuerzos entre todos los sectores de la población, junto al fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir la inseguridad y la corrupción.
López Obrador ha prometido elevar el crecimiento económico del país mediante el combate a la corrupción en las finanzas del gobierno, para destinar esos recursos a proyectos productivos.
Según cifras recientes del gobierno, el robo de combustibles superó los 3,000 millones de dólares en 2018.