En una carta al procurador Eric Holder, el presidente del Comité, el republicano de California Darrell Issa, señaló que la existencia del programa pone en duda el liderazgo de secretario de Justicia, quien comparecerá este jueves ante el Comité Judicial de la Cámara Baja.
“La estructura administrativa que ha implementado carece de salvaguardas operativas para prevenir la implementación de esquemas tan peligrosos. Las consecuencias han sido un desastre”, señaló Issa.
El Comité pidió al Departamento de Justicia una sesión informativa sobre los detalles revelados por el diario The New York Times, incluidas las exenciones otorgadas por la dependencia para realizar operaciones de lavado de dinero de los cárteles mexicanos.
The New York Times reveló la víspera que la Administración Estadunidense Antidrogas (DEA) ha lavado o contrabandeado millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas, como parte de la lucha contra el narcotráfico.
Agentes estadunidenses han introducido cargamentos ilegales de dólares por la frontera, para identificar cómo mueven su dinero las organizaciones criminales, dónde lo almacenan y quiénes son sus líderes, añadió el diario.
Las operaciones de lavado de dinero son autorizadas por el Departamento de Justicia cuando superan los 10 millones de dólares, pero funcionarios reconocieron que no es una regla estricta, señaló el rotativo.
El procurador Holder comparecerá ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el 8 de diciembre, luego que el Departamento de Justicia ha enviado al Comité más de mil 400 documentos relacionados con la Operación "Rápido y Furioso" de trasiego de armas.
Issa, quien ha sido acusado de politizar el incidente, señaló el viernes pasado que era prematuro pedir la dimisión de Holder o del subprocurador Lanny Braeur.
Holder ha acusado a los republicanos de usar el “deplorable incidente” de "Rápido y Furioso" con fines políticos, al tiempo que evitan reformar las leyes para frenar el tráfico de armas a México.
En una carta a los presidentes de los principales comités legislativos, el procurador negó haber mentido al Congreso sobre su conocimiento de las tácticas usadas en "Rápido y Furioso", y dijo haber dado instrucciones para que esos métodos se prohíban en nuevas investigaciones.
"Rápido y Furioso" permitió la entrada de más de dos mil armas a México, y después se dio a conocer la existencia de otro operativo, “Receptor Abierto”, con el que se introdujeron 350 armas en 2006 y 2007.