Los diputados dieron su apoyo a las normas sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por 582 votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones, en un nuevo paso en la puesta en marcha de este pilar principal del fondo que canalizará 672,500 millones de euros del total de 750,000 millones.
Este dinero, sin embargo, no estará disponible hasta que todos los Estados ratifiquen la legislación que permitirá a la Comisión emitir la deuda para financiar el Fondo, algo que hasta ahora solo han hecho seis países.
La Eurocámara confirma con este voto el compromiso al que llegaron sus negociadores con los del Consejo el pasado diciembre, que recoge que para recibir las ayudas los países tienen que presentar planes de reformas e inversiones destinadas a impulsar el crecimiento, la creación de empleo y las transiciones ecológica y digital.
Estos planes deben abordar una parte importante de las recomendaciones económicas que les hace anualmente la Comisión y ser aprobados por el Ejecutivo comunitario y el Consejo. Los desembolsos, dos veces al año, estarán condicionados a que se cumplan los objetivos y el calendario pactado con Bruselas.
LOS DIPUTADOS ESPAÑOLES, SATISFECHOS CON EL RESULTADO
Una de los tres negociadores principales del Parlamento, la socialista Eider Gardiazábal, recalcó a Efe que valora que “se han aprendido muchas lecciones de la crisis anterior” y destacó especialmente el refuerzo en el pilar social del mecanismo, que a su juicio había quedado diluido en la propuesta inicial. La respuesta que se ha dado, dijo, "demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera".
Para Isabel Benjumea (PP) la concesión más relevante extraída es la labor de vigilancia para la Eurocámara sobre los planes de recuperación que presenten los países, que no estaba garantizada desde el inicio por tratarse de un paquete externo al presupuesto de la Unión Europea. “Les podemos garantizar que desde el Parlamento Europeo vamos a mirar con lupa el plan que finalmente presente el Gobierno de España”, advirtió Benjumea.
Desde Ciudadanos, Luis Garicano coincidió con Benjumea en valorar el mayor control que tendrán no solo la Eurocámara –que recibirá a la vez que el Consejo la documentación relevante-, sino también la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude o los auditores comunitarios, y subrayó el aumento de la tasa de prefinanciación al 13 % y las metas vinculantes de gasto en las transiciones ecológica y digital (del 37 % y 20 %, respectivamente).
Para Ernest Urtasun (En Comú Podem) es clave que ese 37 % del gasto para paliar el cambio climático se haya definido de forma más ambiciosa y, en cualquier caso, que la totalidad del mecanismo siga el principio de “no dañar significativamente” el medioambiente. Esto significa, por ejemplo, que las actividades con combustibles fósiles quedan excluidas. “Desde el punto de vista del efecto que tendrá sobre los planes nacionales, esto sin duda es lo más relevante”, afirmó.
140,000 MILLONES PARA ESPAÑA
De cara al debate político que se abre en España con la llegada de los 140.000 millones del fondo, Gardiazábal señaló que espera “que a nadie se le ocurra jugar con fuego” por la importancia para el futuro del país de este desembolso, y aseguró que la Comisión “valora muy positivamente todos los pasos que está dando España” en la elaboración de este plan.
Urtasun, por su parte, lamentó “no ver a la oposición con voluntad de tener un diálogo constructivo sobre este tema” y apuntó al reciente voto en el Congreso sobre el decreto de gestión de los fondos como un mal augurio. “Si quieren tener una actitud constructiva sería lo deseable, si quieren utilizarlo para hacer oposición lo encontraré lamentable, porque es un proyecto del cuál deberíamos estar todos detrás”, dijo.
Por el contrario, Benjumea y Garicano se mostraron más críticos con la actitud del Gobierno: la diputada popular subrayó la “falta de transparencia” y la “desconfianza legítima de la oposición”, además del desconocimiento sobre “cómo se va a ejecutar y cuál va a ser el instrumento de reparto de esos fondos”.
“Teniendo en cuenta el punto de partida en el que estamos, me parecería un milagro que España gastara el dinero bien. El Gobierno no ha buscado consensos políticos a la hora de decidir los mecanismos. No hay participación ni de la sociedad civil ni de las autonomías ni ayuntamientos”, lamentó Garicano.
¿SERÁ SUFICIENTE PARA AFRONTAR 2021?
El principio del fin de la aprobación llega en plena tercera ola de la pandemia y con el inicio más lento de lo esperado de la campaña de vacunación contra la covid-19 en la Unión Europea, que afronta la aprobación de un instrumento histórico por definición, pero que corre el riesgo de quedarse corto por lo profundo de la crisis.
“Nadie esperaba que la tercera ola impactara tan fuerte, la recuperación económica de este año llegará más tarde de lo previsto y está claro que las cantidades del fondo van a quedarse cortas”, predijo Urtasun, que consideró que el debate sobre la ampliación de los fondos se acabará abriendo.
Benjumea, por su parte, no ve posible un segundo fondo de recuperación y advirtió de que la responsabilidad de los Estados miembros es elaborar un plan que aproveche el dinero actual, al tiempo que pidió al Gobierno que “no peque de optimismo”.
Garicano mostró cautela y recordó que no todos los Estados miembros han dado todavía su autorización para que la Comisión Europea emita su deuda conjunta, aunque consideró que “si se hacen las cosas bien, habrá oportunidad para que haya otro fondo. Primero tendremos que probar que somos capaces de usar bien este dinero”, puntualizó.
Para Gardiazábal, el paso más difícil, que era consensuar la emisión de deuda conjunta, ya se ha dado. Aunque pidió tiempo para que el plan de recuperación pueda echar a andar, sí consideró que “no sería complicado si fuera necesario volver a repensar un plan de recuperación o aumentar el que tenemos. Pero esperemos que no tengamos que llegar a este punto”, concluyó.
