La comisión, que concluyó de madrugada, comenzó la mañana del jueves y se prolongó sin interrupciones durante unas 14 horas, alteró algunos de los puntos claves del proyecto original, pero mantuvo una meta de ahorro fiscal que se calcula en un billón de reales (unos 265.000 millones de dólares) en diez años.
La reforma, criticada por la izquierda y los sindicatos, es la única propuesta concreta presentada hasta ahora por el Gobierno de Bolsonaro, que comenzó el pasado 1 de enero, para atajar una grave situación económica, que amenaza con una nueva recesión y mantiene a cerca del 13 % de la población sin empleo.
La reducción del gasto con un sistema de jubilaciones que el Gobierno del líder de la ultraderecha considera "quebrado" pretende acabar en una década con un crónico déficit del sector público y, al mismo tiempo, liberar recursos para la inversión en áreas claves.
Para lograr ese objetivo, el marco general del proyecto plantea, entre otros puntos, una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no existe en Brasil y que sería de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres.
No obstante, también fueron retiradas del texto algunas de las más polémicas propuestas del proyecto que Bolsonaro entregó personalmente al Congreso en febrero pasado.
Entre ellas, una que planteaba poner fin al actual sistema de reparto, en vigor desde hace casi un siglo en el país, y la adopción en un plazo de diez años de un sistema de capitalización individual, mediante el cual la jubilación de un trabajador dependería de lo que pudiera ahorrar a lo largo de su vida.
También fueron retirados de la reforma los ámbitos regionales y municipales del sector público y se propuso que continúen con sus regímenes diferenciados de los nacionales, pese a que el Gobierno planteaba unificar todo el sistema.
La comisión, además, rechazó una enmienda que proponía crear un régimen especial para agentes de organismos de seguridad, por la que Bolsonaro había abogado personalmente.
El mandatario, capitán de la reserva del Ejército y uno de cuyos hijos es miembro de la Policía Federal, dijo esta semana que el Gobierno "se equivocó" al incluir a los agentes en la regla general del polémico proyecto de reforma.
"Hubo un equívoco. Nosotros erramos", declaró Bolsonaro, quien instó al Congreso a "corregir" el texto.
"Se los pido, por favor", dijo el mandatario, quien subrayó que los policías "dan la vida todos los días por los brasileños" y por eso merecerían un régimen más blando para el acceso a la jubilación, que el proyecto propone endurecer para todo el resto de la sociedad.
La inclusión de los agentes de seguridad en el régimen propuesto por el Gobierno provocó reacciones entre los policías, que, en pequeños grupos, este jueves protestaron ante el Congreso al grito de "Bolsonaro traidor".
Una vez analizado por la comisión, el proyecto pasará al pleno de los Diputados, que solo realizará la primera de las dos votaciones necesarias la semana próxima y que también podría introducir nuevas alteraciones.
El Gobierno y la base oficialista corren contra el tiempo, pues el Parlamento estará en receso entre los próximos 18 de julio y 1 de agosto, por lo que quedan poco más de diez días para concluir el trámite en la Cámara baja.
Si fuera aprobado, para lo cual será necesaria una mayoría de 308 votos, equivalente a tres quintas partes del total de 513 diputados, el proyecto deberá pasar por el cribo del Senado, un trámite que quedaría pendiente para el segundo semestre de este año.