Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado "un vil saqueo", el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha acusado a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, de "mentir" y de estar "guiada por la ideología".
Estas son las cinco principales discrepancias entre la cúpula del sector privado y el Gobierno de México sobre la reforma constitucional al sector energético, cuya discusión está por empezar en el Congreso.
MONOPOLIO O MERCADO
La iniciativa, que reformaría los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, limitaría a 46 % la participación privada en el mercado de generación eléctrica, mientras que el restante 56 % sería para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), actual empresa del Estado.
"La CFE va a controlar el despacho de la electricidad y podrá vender su electricidad producida y obtener mayores ingresos. Asimismo, seguirá garantizando llevar a los 46.2 millones de usuarios energía constante las 24 horas", afirmó Nahle el lunes.
Aunque la Secretaría de Energía (Sener) lo niega, el CCE acusó este miércoles a la iniciativa de "destruir el mercado" porque elimina al regulador autónomo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y al operador independiente del sistema, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
"¿Por qué la reforma crearía, en la práctica, un monopolio? Porque convertiría la generación, distribución y comercialización de energía, hoy abiertas a la competencia, en 'actividades exclusivas de la nación' controladas por CFE", indicó la cúpula empresarial en un informe.
EL COSTO DE LA ELECTRICIDAD
La reforma modificaría las reglas de despacho, que ahora se guían con un criterio económico, para priorizar las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, y al último las de renovables y ciclo combinado de los privados.
La secretaria de Energía ha dicho que "no es cierto" que sea "muy barato" pagar energía limpia a los privados al argumentar que la CFE ha pagado más de 6,000 millones de pesos (casi 290 millones de dólares) a 335 centrales privadas por Certificados de Energía Limpia (CEL).
Pero el CCE aseveró que la reforma aumentaría el costo de la generación porque la electricidad generada por la CFE es hasta 252 % más cara, o 3.5 veces más, que la del sector privado.
TARIFAS Y SUBSIDIOS
La secretaria Nahle y el presidente han prometido que, tras la reforma, el precio de la luz se mantendrá por debajo de la inflación.
Pero el CCE argumentó que el precio de la CFE "no ha bajado en los últimos dos años" mientras que el del mercado privado ha decrecido 29 %.
El organismo empresarial estimó un aumento de 62.100 millones de pesos (más de 2,990 millones de dólares) en el costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que tendrían que subsanarse con mayores subsidios al consumidor.
"Para 2031, en conjunto con el subsidio eléctrico, los sobrecostos alcanzarían más de 1.4 billones de pesos acumulados (casi 67,470 millones de dólares)", calculó.
COMPROMISOS CLIMÁTICOS
Los empresarios han pronosticado que de aprobarse la reforma México no cumpliría sus metas de energía limpia porque sus emisiones subirán casi 50 %.
Además, esta reforma señala que la transición energética "queda a cargo del Estado".
La reforma "cancelaría la transición energética e impediría la operación de plantas de energía limpia, solar y eólica en todo el país, que en México son casi 100 % privadas", sostuvo el CCE.
Pero la titular de la Sener ha argumentado que las hidroeléctricas generan "la energía más limpia y firme" y que la geotermia de CFE es "sustentable", además de acusar a las plantas eólicas y solares de "ser intermitentes".
"Vamos a cumplir con todos los acuerdos que se han firmado: el acuerdo de generar electricidad a través de la energía limpia, el 35 % para el 2024, no tenemos problema para ello", señaló Nahle.
LOS TRATADOS INTERNACIONALES
Las cámaras empresariales han alertado de que la reforma violaría acuerdos comerciales, en particular el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El CCE previó que inversionistas acudan a paneles internacionales para proteger 44,000 millones de dólares de inversión que consideran en riesgo de confiscación o expropiación indirecta, además de para impulsar controversias internacionales de Estado a Estado.
Pero el presidente López Obrador respondió este miércoles que "el tratado no impide el que se evite en México la corrupción, no hay nada que tenga que ver con el proteger a empresas para abusar de los usuarios".