Una tercera empresa, Fitch, degrada calificación de Puerto Rico

La empresa evaluadora de crédito e inversiones Fitch se unió hoy a sus homólogas Standard & Poor’s y Moody's al rebajar la deuda del gobierno de Puerto Rico a grado especulativo.

La rebaja, informó la compañía, fue de clasificación "BBB-" a "BB", con perspectiva negativa, e incluye la deuda del gobierno central y algunas otras entidades gubernamentales de la isla, aunque es más limitada en su alcance que las anteriores.

En específico, además del gobierno central, fueron degradados los bonos garantizados de la Autoridad de Edificios Públicos y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, así como los vinculados al Sistema de Retiro de los empleados públicos.

La determinación no afecta, sin embargo, la clasificación de otra deuda del gobierno puertorriqueño o sus corporaciones, en particular la que se garantiza con los recaudos del impuesto sobre ventas y uso, que es la que mantiene la mejor nota entre todas las vinculadas a Puerto Rico.

Fitch atribuye su decisión a las movidas que hicieron en días recientes las otras dos empresas evaluadoras debido a que ello provocó que deudas de largo plazo que tenía el gobierno de Puerto Rico vencieran de inmediato, lo que, aseguran, impactará en la liquidez de las entidades gubernamentales.

En las acciones adoptadas en días recientes por las otras dos empresas evaluadoras se redujo también la clasificación de varias de las corporaciones públicas del país.

Ayer lunes la empresa Moodys, que el pasado viernes rebajo la clasificación de los bonos del gobierno de Puerto Rico y de varias de sus empresas, anunció la degradación de la clasificación del crédito de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el monopolio estatal de generación de electricidad en la Isla.

Con esta determinación de Moodys se estima que cerca de 69,000 millones de dólares de los cerca de 70,000 millones en deuda pública que arrastra el país, están ya clasificados en grado especulativo o "chatarra".

La acción de las casas acreditadoras empeora la situación fiscal de Puerto Rico, pues el mero hecho de reducir la clasificación provoca que cerca de 1,000 millones de la deuda venza de inmediato, lo que obligaría a un desembolso de esa magnitud que no estaba programado.

Tanto el gobernador, Alejandro García Padilla, como su equipo económico, aseguran que el gobierno está negociando con estos acreedores para evitar que insistan en el cobro inmediato de lo que se les adeuda y afirman que dichas negociaciones están logrando resultados positivos.

A la crisis fiscal que sufre el país se le une la persistente recesión económica que se arrastra desde el 2006 y que no parece que cederá en el futuro inmediato.

El Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF) reportó hoy martes que el "índice de actividad económica" que publica mensualmente tuvo una baja interanual de 5,2 por ciento durante el pasado mes de diciembre, lo que sugiere que la economía aún mantiene su rezago.

El BGF reclama, sin embargo, que dicho índice ha estado registrando pequeñas alzas intermensuales y que uno de sus principales componentes, el empleo asalariado no agrícola, viene aumentando desde el pasado mes de agosto.

La compañía Fitch en su declaración de hoy reconoce la gestión del presente gobierno, pero afirma que las acciones no serán suficientes ante la nueva realidad.

"La administración actual de Puerto Rico en repetidas ocasiones ha demostrado su capacidad y disposición de emprender rápida acción para acometer retos financieros e inquietudes del mercado externo, que en gran medida han requerido acción legislativa", sostiene.

A pesar de ese reconocimiento, dos de los principales miembros del equipo económico del gobernador Alejandro García Padilla expresaron su descontento con la decisión.

"Estamos decepcionados con la decisión de Fitch, aunque nos complace que haya reconocido la respuesta rápida y decisiva de Puerto Rico a los desafíos que se han planteado en los últimos años, nuestro progreso significativo en el tratamiento de problemas fiscales y económicos de hace años, y la gran promesa que nuestra Constitución establece para nuestro crédito de obligación general", sostienen en un comunicado conjunto la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, y el presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento, David Chafey.