En rueda de prensa, Celso Castro Sánchez, director general del OCCCN; Pablo Alberto García Corona, gerente de Calificación de Infracciones y Control de Información de la Conagua; y Luis Guaderrama Carrillo, director de administración del Agua del Organismo de Cuenca, informaron que en el operativo se contó con una fuerza de trabajo de 80 personas, entre inspectores y personal de apoyo de diversas partes del país.
Pablo Alberto García Corona aseveró que este programa de la Presidencia de la República, que se implementa a través de la Conagua, busca reducir la sobreexplotación de los acuíferos y contribuir a alcanzar la sustentabilidad en materia de agua, con el impulso a la creación de una cultura contributiva y de cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento en materia administrativa, tal y como lo establece el Programa Nacional Hídrico 2007-2012.
En su exposición, explicó el marco legal que permite a la autoridad administrativa realizar verificaciones y emprender las acciones necesarias para un adecuado control y gestión del agua en cuanto a su explotación y contaminación, tendientes a lograr la sustentabilidad del recurso hídrico.
Comentó que entre las faltas más comunes encontradas en los operativos, sobresalen los pozos sin títulos o aquellos que al momento de la inspección no cuentan con medidor o dispositivos de medición, o bien no funciona, lo que permite una extracción de agua mayor al volumen autorizado en el Título de Concesión y, por tanto, representa una ilegalidad, ya que contribuye al abatimiento de las reservas de agua nacionales.
“Una de las vertientes que hemos incluido en este tipo de operativos es que clausuramos los pozos que no cuentan con medidor o no funcionan, clausura que se mantiene hasta que se regulariza esta situación y se consuma solo el volumen de agua autorizado”.
El director general del OCCCN puntualizó que este tipo de operativos son benéficos para la región, pues se dan pasos firmes hacia la reducción de la sobreexplotación de los acuíferos laguneros y se avanza hacia su sustentabilidad. “No se trata solo de castigar, sino de poner orden en el uso y consumo del agua”, declaró.
En tal sentido, exhortó a los usuarios de aguas nacionales a acercarse a la Conagua para regularizar su situación; pues continuarán los operativos de revisión de la dependencia federal, a fin de contribuir a que haya un mejor control sobre la extracción de los recursos hídricos.
García Corona detalló que existen diversas formas de clausura. Puntualizó en que, de los 179 cierres realizados en este operativo, en 100 pozos se instaló tapa metálica debido a que no contaron con su Título de Concesión al momento de la visita. En 49 aprovechamientos se colocó un sello por carecer de dispositivo de medición o tenerlo en desuso. Se instalaron 27 mallas ciclónicas en aquellas norias de un mayor diámetro al registrado; y se colocó cemento para clausurar de manera definitiva 3 pozos que no contaban con viabilidad hídrica, es decir que estaban en condición de abandono.
El gerente de Calificación de Infracciones y Control de Información de la Conagua indicó que el programa inició en 2009, cuando se clausuraron 62 aprovechamientos en los acuíferos Vicente Suárez y Principal de la Comarca Lagunera. En 2010 se realizaron 124 clausuras y en lo que va de 2011, se han cerrado 179 aprovechamientos subterráneos.
“Con estos operativos no sólo se ataca la sobreexplotación, sino también la contaminación de los acuíferos, como es el caso de aprovechamientos que se encuentran abandonados y a cielo abierto”, destacó. Agregó que en el operativo se revisó de manera puntual que los pozos contaran con dispositivos de medición. En el Acuífero Principal se visitaron 40 aprovechamientos, de los cuales 16 fueron clausurados por no contar con el dispositivo mencionado. Una vez concluidas estas acciones, 70 por ciento de los aprovechamientos están en regla, subrayó el funcionario federal.
Finalmente, explicó que la clausura es el inicio de un procedimiento administrativo que puede derivar en una sanción económica, por lo que llamó a todos los grandes usuarios de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes a acercarse a la Conagua para ponerse en orden, con lo cual contribuirán a que haya mayor orden en la extracción de los recursos hídricos y las extracciones estén acordes a la disponibilidad, a fin de conservarlos y poder dejar a las futuras generaciones el agua necesaria para que continúen con su crecimiento económico y social.