La ASEG deberá integrar un expediente de 11 auditorías realizadas al Gobierno de Botello, que han derivado en 36 responsabilidades penales, 86 civiles y 226 administrativas, con un daño al erario total de 47 millones 932 mil 187.74 pesos.
Esto, sólo respecto de las observaciones en las que se hayan determinado presuntas responsabilidades penales y cuyo origen de los recursos públicos fiscalizados hayan sido federales.
La propuesta fue aprobada sin discusión por 28 votos a favor, incluyendo a los priístas Rigoberto Paredes, Jorge de la Cruz, Lorenzo Chávez e Irma Leticia González, dos abstenciones de Beatriz Manrique y Soledad Ledesma porque fueron integrantes de la administración pública de León en el periodo referido y ninguno en contra.
Actualmente existe una auditoría específica realizada al municipio en la que se observó la asignación directa de la obra del bulevar Timoteo Lozano, a una empresa que no aseguraba las mejores condiciones en diversos aspectos, y además se detectó un contrato por 49 millones y medio de pesos (7 millones de pesos más cara).
Esta petición fue presentada el 26 de octubre por los diputados locales del PAN, después de que se dio a conocer que la Procuraduría de Justicia del Estado presentó el 13 de octubre ante la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero contra Bárbara Botello por un presunto peculado por un millón 577 mil pesos cometido contra la hacienda pública de León cuando ella fue presidenta municipal.