En ese sentido, la legisladora exigió la demolición de las viviendas, el resarcimiento de sus derechos a una vivienda digna por ser además beneficiarios del INFONAVIT, así como las consecuencias legales para los responsables.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos detalló que el fraccionamiento Pórtico, construido a gestión de INFONAVIT, han sido calificados por diversos estudios periciales y por profesionales de la construcción como de alta peligrosidad al ser edificadas con materiales de dudosa calidad, por lo que la mayoría han sido desocupadas.
Aunado a lo anterior, dijo, las familias han sufrido un gran impacto económico ya que sus créditos son contratados en UDIS, lo que las convierte en impagables, por lo que se ha exigido a diversas autoridades la solución del conflicto, obteniendo sólo algunas órdenes de aprehensión a nivel local.
Por lo tanto, la senadora se comprometió con los afectados a gestionar la accesibilidad de las dependencias gubernamentales como la Secretaría de Vivienda y la Procuraduría de Protección al Consumidor, ya que desde 1997 los demandantes no han obtenido respuesta de gobernadores y autoridades locales.
Por su parte, Guadalupe Oliver Vázquez Ibarra, presidente de la organización Tijuanenses Unidos por una Vivienda Digan, A.C., explicó que INFONAVIT financió a Casas GEO alrededor de 65 millones de pesos para la construcción del fraccionamiento Pórticos, viviendas que fueron edificadas sin castillos y dalas, y materiales de mala calidad.
“Este problema no es privativo de Tijuana, es de índole nacional, por lo que pido la intervención del Presidente y de la Secretaría de Gobernación para que se respete el Artículo 4 constitucional donde se establece el derecho a una vivienda digna y no una pocilga”, aseguró.