Las legisladoras señalaron que más allá del escándalo suscitado por este hecho en el que están involucrados familiares de servidores públicos federales, la víctima debe recibir justicia para evitar que estos hechos se repitan.
Sin restarle la seriedad a este asunto, criticaron que la PGR haya emitido un comunicado de prensa dando a conocer “el arrepentimiento” del agresor y no se pronuncie sobre los miles de casos de violencia de género y feminicidios en todo el país.
Dijeron que “una institución de impartición de justicia no puede ser vocera de los agresores, como ocurrió en este caso”.
Exhortaron a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos a actuar con la debida diligencia y a evitar cualquier procedimiento de mediación o conciliación que coloque a la víctima en mayor situación de riesgo. “La obligación de las autoridades es proteger a las víctimas y evitar que los agresores puedan volver a lastimarlas”, dijeron.
Los hechos ocurrieron en el estado de Morelos, donde de acuerdo con el Instituto de la Mujer de esa entidad, ocho de cada 10 mujeres de entre 14 y 28 años han sido víctimas de alguna forma de violencia; en la mayoría de los casos el agresor es la pareja. De acuerdo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, de 2011 a la fecha han sido asesinadas 94 mujeres en la entidad, la mayoría de ellas en su hogar.
Por lo anterior, demandaron la atención de todos los casos de este tipo, porque según el ciclo de la violencia, casi la totalidad de los agresores es reincidente.