El dictamen aprobado por el Pleno destaca que se cuenta con un alto registro de controversias y quejas por problemas de violencia de los conductores hacia los pasajeros y otros operadores, inseguridad que se traduce en casos de asaltos a mano armada, feminicidios y acoso sexual.
A esto se suma un alto índice de accidentes: entre enero de 2013 y marzo de 2014 se registró un saldo de 485 heridos y 40 muertos; pese a ello, propietarios y choferes de unidades de transporte no cuentan con seguro.
De las 120,000 unidades que se usan a diario, 20,000 no están regularizadas y por lo menos 20 por ciento tiene más de 10 años de antigüedad.
Además existe una mala planeación del transporte, que obliga a los usuarios a ocupar entre dos y cuatro transportes en sus recorridos, lo que daña severamente la economía familiar si se considera que el costo en las tarifas es muy alto: ocho pesos los primeros cinco kilómetros, a los que se agregan 20 centavos por kilómetro adicional recorrido.
En el caso de los municipios y delegaciones de las zonas metropolitanas, el transporte público representa una gran fuente de ingresos, de ahí la necesidad de ofrecer seguridad y una infraestructura que permita ofrecer calidad en el servicio.