El curso, que se imparte a 30 personas, 16 mujeres y 14 hombres, tiene el propósito de que los aspirantes desarrollen las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para ser intérprete, tomando en cuenta la identidad y las especificidades lingüísticas y culturales de las comunidades y pueblos indígenas.
Esta acción se enmarca en la Estrategia de Formación, Acreditación y Certificación de Intérpretes de Lenguas Indígenas para el Ámbito de la Justicia que implementan la CDI y el Inali, desde hace 9 años y forma parte del Convenio de Colaboración para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con Perspectiva Intercultural y Multilingüe, que se firmó en Puebla, en octubre del año pasado, entre la CDI, el Consejo de la Judicatura Federal, la Segob, la PGR, y el Inali.
Con esta acción se garantizarán los derechos establecidos en el Artículo 2° Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política para que las comunidades y pueblos indígenas y los órganos de administración y procuración de justicia, cuenten con intérpretes para lograr el debido proceso.
Los participantes en el curso, que será de 96 horas y concluirá el 12 de noviembre, fueron seleccionados con criterios etnolinguísticos y acorde a las necesidades de atención pública en los municipios de ésta entidad, que ha recibido migrantes de diversas comunidades indígenas del país. También se buscó que tuvieran suficiencia en aptitudes y actitudes bilingües para la interpretación en las lenguas indígenas.
Todos los participantes son bilingües, hablantes de cinco lenguas originarias que pertenecen a la familia lingüística nacional oto-mangue, y residentes en los municipios de Mulegé, Comondú, La Paz y Los Cabos.
Las lenguas originarias que representan son:
- sa'an ntavi (mixteco de oeste central)
- tu'un da'vi (mixteco del oeste alto)
- dixdà (zapoteco de Valles del este medio)
- xnánj nu'a (triqui de San Juan Copala) y
- ngiwa (popoloca del norte).
A la ceremonia de inauguración asistieron Raúl Juan Mendoza Unzon, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur; Álvaro de la Peña Angulo, secretario de Gobierno; Rodrigo Serrano Castro, subsecretario de la Consejería Jurídico del estado; Ismael Sigala Páez, secretario ejecutivo del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
También Juan Malagamba Zentella, delegado de la CDI; María Del Carmen Flores, ministerio público en representación de la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur; Camilo Torres M. presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso estatal; y Luis Arturo Fuentes, subdirector de Capacitación en Lenguas Indígenas del Inali.