El Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Estado de Coahuila: Recuperando la Confianza a través de un Sistema de Integridad, proporciona recomendaciones para aprovechar al máximo el potencial del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, identificando debilidades y áreas de oportunidad. Proporciona un análisis exhaustivo del sistema de integridad del Estado, pondera los esfuerzos realizados para construir una cultura de integridad en la administración pública estatal, así como el grado en que el sistema de control interno y los mecanismos de transparencia de Coahuila facilitan una efectiva rendición de cuentas. El reporte se concentra en el riesgo de fallas en la implementación del sistema, las cuales deberán atenderse para lograr un impacto real en la economía y en la sociedad.
La presentación estuvo a cargo de la Mtra. Gabriela Ramos, directora y sherpa de la OCDE, Rubén Moreira Valdez, gobernador del estado de Coahuila y la embajadora Mónica Aspe, representante permanente de México ante la OCDE.
“La integridad es fundamental para el desarrollo de las naciones. Es esencial para construir un país basado en la justicia social, en la excelencia moral y el respeto a los derechos humanos. Pero también es crucial para que las economías funcionen y crezcan, para que sean más atractivas a la inversión, para que sean más productivas y, por supuesto, para que sean más incluyentes y sustentables. El trabajo con los estados es clave para construir la integridad ya que los gobiernos subnacionales son la primera ventanilla para los ciudadanos, por ello, inciden fuertemente en la percepción sobre la integridad de los gobiernos”, indicó Gabriela Ramos.
El Estudio recomienda al Gobierno del Estado trabajar en la socialización y el conocimiento del Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos, pero sobre todo, crear los mecanismos de orientación y apoyo para que los servidores públicos sepan cómo aplicar los valores contenidos en este instrumento ante situaciones de dilemas éticos. Sugiere también desarrollar tutoriales, lineamientos y manuales que ilustren a los servidores públicos cómo gestionar una situación de conflicto de interés, antes de que se conviertan en actos irregulares que afecten la reputación de las instituciones gubernamentales.
Las recomendaciones hacen hincapié en el desarrollo de una política de protección a denunciantes de actos de corrupción, de manera que se salvaguarde la situación laboral de servidores públicos que denuncian actos de corrupción y se castigue a los funcionarios que afecten a dichos denunciantes, estableciendo claramente las sanciones.
Además, la OCDE recomienda al Gobierno del Estado trabajar en la implementación de su Norma General de Control Interno, de manera que esta actividad sea compartida por todos los funcionarios públicos y no sólo por los niveles de mando superior o por las autoridades fiscalizadoras.
La OCDE reconoce la necesidad de fortalecer las instituciones de los órdenes subnacionales de gobierno, razón por la cual trabaja con varias entidades federativas, como Nuevo León, Sonora y la Ciudad de México, en el diseño institucional, la transmisión de buenas prácticas internacionales y el desarrollo de capacidades de los funcionarios públicos con el objetivo de crear una cultura de integridad que permee en el quehacer diario de los gobiernos.