En nombre de los senadores priistas, Ivonne Alvárez destacó que los avances en el Sistema Nacional Anticorrupción son fundamentales para México, “pero estamos conscientes que aún quedan múltiples desafíos que enfrentar, por tal motivo seguiremos trabajando para mejorar la capacidad de las instituciones de la procuración de justicia, de la efectividad de sus herramientas y de sus mecanismos”.
Ante el Pleno del Senado, subrayó que lo que se busca con todo este sistema es recuperar la confianza de los ciudadanos, la cual ha ido en deterioro y que ha provocado que las personas no denuncien, que no crean en las instituciones ni en la justicia, pero que con esta reforma tendrán un área específica para poder atender estos delitos.
Explicó que esta fiscalía tendrá autonomía técnica y operativa para que pueda investigar y perseguir delitos en materia de corrupción; esto está pensado explícitamente para poder garantizar la transparencia en el desempeño de las funciones y de sus determinaciones, y en relación con el ejercicio de la acción penal que no estén de ninguna forma condicionados.
Al presentar el dictamen, la senadora Graciela Ortiz detalló que la propuesta plantea un marco jurídico que dé sustento a la actuación de la Fiscalía, con el propósito de dotarla de las atribuciones y responsabilidades necesarias para desarrollar la función que le fue encomendada en la Constitución.
Agregó que este organismo contará con agentes del Ministerio Público especializado a los hechos que consideramos como delitos en esta materia, su titular presentará anualmente un informe sobre las actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso al a Información Pública.
Además, elaborará su propio anteproyecto de presupuesto para enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Procuraduría General de la República, pero no podrá ser modificado este proyecto de presupuesto por el Procurador.
Contará también con los agentes del Ministerio Público de la Federación y policías de investigación, que le estarán adscritos, y que resulten necesarios para la atención de los casos que les corresponda, y permitirá acuerdos circulares instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de la fiscalía en el ámbito de su competencia.
Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, resaltó que es un paso importante en lo que para todos es una búsqueda constante, la de dotar de mejores instrumentos jurídicos al país, al Estado mexicano, para que se combata todo hecho de corrupción, y que sea sancionado con todo el rigor de la ley.