Es un retroceso en materia democrática y política que le concede poder excesivo al gobierno, indicó en declaraciones a la prensa.
Señaló que ese artículo 129 establece que la suspensión -la cual detiene los perjuicios que pudiesen derivarse del acto reclamado, hasta que termine el juicio de amparo- no procederá ante todos aquéllos que exploten bienes de la nación.
“Sin la posibilidad de acudir a la suspensión, los concesionarios quedan indefensos ante actos del Estado…por eso nosotros vamos a impugnar este artículo y vamos a revisar muy bien el contenido de la Ley de Amparo”, agregó.
El legislador aseveró que negar la suspensión de los actos reclamados a quienes exploten legalmente los bienes de la nación “es delicado, solamente se da en estados totalitarios, en estados fascistas”.
Adelantó que su fracción hará varias reservas durante la discusión de la ley en la sesión del Pleno, el próximo martes, incluida una al artículo 129.
Explicó que el texto original del proyecto de ley rompe con el espíritu del recurso de amparo, ya que éste fue concebido como una medida de protección ante el abuso del poder.
“Le están concediendo demasiado poder al gobierno y el legislativo no puede cometer ese exceso”, concluyó.
Los concesionarios que se verían afectados con la excepción en la suspensión serían televisoras, instituciones financieras, minas, compañías de telefonía, empresas aéreas, de transporte federal, y de energía, entre otros.