Además, los senadores plantearon que los gobiernos Federal, estatales y del Distrito Federal hagan las previsiones presupuestales necesarias para cumplir con este objetivo y establecer una partida específica en sus respectivos presupuestos de egresos para el siguiente ejercicio fiscal.
De esta manera, los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en un plazo de 12 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario serán separados del servicio.
El proyecto de decreto mantiene la obligación del secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de presentarse ante el Senado de la República para rendir un informe del avance del Programas a los seis meses de su entrada en vigor.
Cabe recordar que el 2 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que contenía la obligatoriedad de los integrantes de las instituciones de seguridad pública de evaluarse y certificarse para el 3 de enero de este año, o de lo contrario se darían de baja.
Sin embargo, se menciona en el dictamen, por el bajo nivel de certificación, sobre todo en corporaciones estatales y municipales, este plazo se prorrogó por 10 meses, fecha que concluye el próximo 29 de octubre.
Al presentar la propuesta, el senador Fernando Yunes Márquez destacó que según el último informe del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 30 de junio pasado se habían evaluado a 326 mil 463 elementos estales y municipales, lo que equivale al 63 por ciento del total.
Actualmente, dijo, se tienen un avance cercano al 70 por ciento, “lo que hace prácticamente imposible cumplir con la totalidad en la fecha fatal”.
Aclaró que con esta reforma “no se está buscando una salida fácil ni se está dando un cheque en blanco a los gobernadores y al Ejecutivo Federal, pero tampoco se está eludiendo el compromiso de atender la problemática del atraso en la evaluación”.
Dijo que en el tema de seguridad no se deben escatimar esfuerzos y es cierto que son muchas las dificultades por la que atraviesan algunos gobiernos para implementar la certificación, pero también “hay muchos que no han cumplido con su labor por falta de voluntad y compromiso” y “esta es la última oportunidad que tendrán para cumplir con el ordenamiento”.
El legislador panista enfatizó que la obligación que tienen las autoridades de contar con policías confiables no es una acto de buena fe ni tampoco un capricho de ley sino un mandato constitucional que deben acatar y una obligación con los ciudadanos.
Por el PRI, la senadora Ivonne Liliana Álvarez García destacó que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública es fundamental para garantizar un México en paz y en este sentido un reto que enfrentan los tres niveles de gobierno consiste en depurar los cuerpos policiacos.
Afirmó que la ampliación de plazo “no descalifica la certificación actual, pues sabemos que tuvo su nobleza y un objetivo muy claro y que con grandes dificultades la Federación, estados y municipios lo llevaron a cabo, incluso, con grandes restricciones presupuestales”.
Para la certificación policial, dijo, las entidades tuvieron que crear los centros estatales de control de confianza, preparar y contratar personal poligráfico y psicológico, así como “hacer grandes esfuerzos presupuestales” con los cuales no se contaban, pero todas estas acciones “han sido insuficientes para lograr la meta al 29 de octubre de este año”.
Por su parte, el senador panista Salvador Vega Casillas señaló que desde enero de 2009 se aprobó la obligación de las instituciones de seguridad pública para evaluarse y certificarse “y estos objetivos no se han cumplido y hoy estamos discutiendo un dictamen que otorga una segunda prórroga para poder cumplir con la Ley”
Mientras que el Congreso discute la certificación, reconoció, “hay mejoras” en materia de seguridad en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey, pero delitos como el secuestro y la extorsión están a la alza en el país.
Un claro ejemplo de este panorama, agregó, es Michoacán donde sólo en este año los homicidios crecieron 16 por ciento, el secuestro 38 por ciento y el robo cuatro por ciento y a pesar de la intervención de las Fuerzas Armadas, “la situación está empeorando”.
A nombre del PRD, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza coincidió en que se requieren policías confiables, capaces y preparados; sin embargo, “llegamos a la conclusión de que este proceso no puede ser a contrarreloj”.
Consideró que de no ampliar el plazo para certificar al 100 por ciento de los cuerpos policiacos “tendríamos un colapso en algunas direcciones de seguridad pública” porque se “echaría a la calle” a miles de elementos que no han sido evaluados.
Su compañero de bancada, Zoé Robledo Aburto precisó que si no se aprueba está prórroga podrían ser despedidos alrededor de 190 mil elementos “con los costos sociales, económicos, políticos y, sobre todo, a la mermada seguridad que muchos mexicanos padecen”.
Finalmente, la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Partido del Trabajo, reiteró que “sería un problema muy grande para el país haber procedido en los términos en los que estaba” el plazo actual.
Lo anterior, porque “ningún gobierno hubiera tenido la capacidad para indemnizar a tantos elementos” y por el colapso en materia de seguridad que se provocaría por el incumplimiento de la evaluación.
El proyecto de decreto, que reforma el artículo Tercero Transitorio y adiciona los artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se envió a la Cámara de Diputados.