En un comunicado, el Departamento de Justicia sostuvo que "no hay base viable para entablar un proceso penal con respecto a Goldman Sachs o a sus empleados".
"Si una evidencia nueva o adicional emerge, la valoración actual no impide que el departamento la revise y tome una determinación diferente, si se justifica", agregó el comunicado.
En abril de 2011, un subcomité del Senado presidido por el senador demócrata Carl Levin elaboró un informe con denuncias que sostienen que Goldman Sachs realizó operaciones con hipotecas basura durante la crisis sin alertar a los clientes del alto riesgo de esos productos.
A partir de ese informe Levin pidió a las autoridades estadounidenses que abrieran una investigación penal contra Goldman Sachs y sus ejecutivos.
La decisión del Departamento de Justicia coronó un buen día para el banco, ya que también hoy la Comisión del Mercado de Valores (SEC) determinó que no incurrió en ninguna ilegalidad al vender a un grupo de inversores un paquete de bonos respaldados por hipotecas basura por 1,300 millones de dólares en 2006.
En julio de 2010 Goldman Sachs accedió a pagar 550 millones de dólares para poner fin a una demanda en su contra presentada por la SEC, que acusó al banco de engañar a sus clientes.
Como parte del acuerdo, Goldman Sachs reconoció haber cometido un "error" al dar "información incompleta" a sus clientes.