Según el dictamen avalado este jueves por las comisiones de Justicia; de Gobernación; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos Primera, también se precisa que los militares cumplirán sus sentencias en prisiones militares.
De igual manera, no prescribirán los delitos de genocidio y desaparición forzada de personas que cometan elementos castrenses, y la Policía Ministerial Militar actuará en la investigación de esos ilícitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público Federal.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer propuso derogar el Artículo 435, que señalaba que la facultad de declarar que un hecho es o no un delito del fuero común correspondía sólo a los tribunales militares.
Dicho precepto, que finalmente fue eliminado, también señalaba que corresponde a los tribunales militares declarar la inocencia o culpabilidad de las personas y la imposición de las penas, su modificación y duración.
De esa manera, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine si deben intervenir tribunales militares o civiles en la investigación del delito denunciado.
Los senadores modificaron el Artículo 740, para establecer que cuando el Ministerio Público federal se declare incompetente para conocer el caso y este sea conocido por el fuero militar, los afectados puedan recurrir a un juez o a la SCJN para impugnar dicho fallo.
A su vez, el senador ecologista, Tomás Torres, planteó adicionar el Artículo 58, para que sea competencia de las autoridades y tribunales civiles no sólo los delitos de militares contra civiles, sino también las violaciones a los derechos humanos, lo que fue avalado.
Según el dictamen aprobado, los jueces federales penales y los magistrados unitarios de circuito que conozcan de los delitos de militares contra civiles deberán tener conocimientos de la disciplina militar.
El dictamen modificó la iniciativa que envió el presidente Felipe Calderón en octubre de 2010 sobre el tema y se espera que las reformas sean avaladas por el pleno senatorial en la sesión del martes 24 de abril, para ser enviadas a la Cámara de Diputados.