La normativa pretende promover "una regulación que mantenga la solidez del sistema financiero y evite nuevas crisis" como la financiera internacional que en 2008 golpeó a la economía global.
El mandatario también envió una propuesta de reforma de varias disposiciones de la Ley sobre Contrato de Seguro actualmente en vigor.
El propósito de estas acciones promovidas desde el Ejecutivo es "garantizar la solvencia, estabilidad y seguridad" del sistema financiero mexicano en todo lo relacionado con los seguros y fianzas.
"Tal vez uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es que la administración de las entidades está obligada a adoptar las medidas necesarias para cumplir con las normas de solvencia y establecer un sistema de control interno acorde con ese propósito", detalla el texto remitido al Senado.
Otro es que las entidades de ambos sectores deberán transparentar su situación financiera y dar a "conocer su perfil de riesgo y nivel de capitalización" al mercado "sin que ello implique de ninguna manera que el Estado deje de cumplir con su función de supervisión".
"Los seguros son un instrumento financiero que permite satisfacer la necesidad económica que se genere con la actualización de un riesgo y que, de no contar con ellos, podría afectar severamente la economía personal, familiar o pública", refiere el texto de la iniciativa.
El gobierno de Calderón señala que el impacto que la crisis económica desatada en 2008 tuvo en México se debió, en parte, a que en el país había "una regulación y supervisión prudenciales adecuadas".
Aquel año las "primas directas" de los seguros experimentaron un crecimiento real del 1 por ciento y las de las fianzas del 6.6 por ciento, lo que da idea de la "solidez" que hubo en el sector, apunta.
Pese a ello, "se considera necesario revisar el marco normativo de la actividad aseguradora y afianzadora" para actualizar el régimen vigente "conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia".
Entre los propósitos centrales de la nueva ley está el de hacer que las empresas de estos sectores "cuenten con recursos suficientes" para cumplir con sus obligaciones y se extiendan entre ellas buenas prácticas.
La iniciativa se presenta al final del mandato de Calderón, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), quien el próximo 1 de diciembre dejará el poder en manos de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).