"El reto es que estos esfuerzos sigan con efecto de que se recuperen plenamente el orden y la paz en nuestras comunidades y se hagan del imperio de la ley el pilar del progreso de nuestro querido México", dijo Calderón en un acto celebrado en la residencia de Los Pinos.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tratará de poner cerco a entre 12,000 y 14,000 millones de dólares movilizados cada año en México por canales ilícitos, según estimaciones del Legislativo.
Calderón consideró "indispensable combatir la industria del crimen, particularmente del crimen organizado trasnacional, justo en el corazón de sus actividades: en el flujo de dinero que le da poder para corromper autoridades, para intimidar a los ciudadanos y para expandir sus actividades ilícitas".
Dijo que la nueva ley permitirá hacerlo con varios mecanismos nuevos, como una unidad especial para perseguir el lavado de dinero que estará a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de la Fiscalía federal.
Además, la norma establece una limitación a las transacciones en efectivo y a las vinculadas a juegos de apuestas, concursos o sorteos, así como a la emisión o comercialización de tarjetas de servicios o de crédito no bancarias y cheques de viaje.
La ley también prohíbe transacciones en efectivo en determinadas operaciones inmobiliarias con un valor superior a un millón de pesos mexicanos (unos 77,519 de dólares ) o en la compraventa de vehículos que superen los 200,000 pesos (15,504 dólares).
En el caso de las joyas, metales preciosos, relojes, piedras preciosas y obras de arte, se restringen los pagos en efectivo cuando alcancen un valor superior a 300,000 pesos (unos 23,256 de dólares).
Calderón recordó que durante su mandato, que está a menos de dos meses de concluir, México "ha librado una lucha sin precedentes en favor de la legalidad, la justicia y las libertades" de la que forma parte la normativa.
La nueva ley se promulga pocos meses después de que un informe del Senado estadounidense determinara que entre 2007 y 2008 la filial mexicana del grupo HSBC introdujo 7,000 millones de dólares en efectivo en el sistema financiero de ese país sin tener en cuenta su procedencia o las características de las transacciones.
En México, las autoridades impusieron a la entidad HSBC multas por 379 millones de pesos (27.6 millones de dólares) por informar tardíamente de casi 2,000 operaciones inusuales, la omisión de otras 39, presuntamente relacionadas con el lavado de dinero, y por una faltas administrativas detectadas entre 2007 y 2008.