Esto derivado del planteamiento interpuesto por América Móvil ante las autoridades judiciales, en el que argumenta que el Congreso de la Unión invadió facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, al determinar la “Tarifa Cero”.
El diputado federal, César Camacho, dijo que durante años, la empresa América Móvil cobró por la interconexión, con lo cual le resultaba posible desplazar a sus competidores; su tamaño y escala le permitían ofrecer a sus clientes números gratuitos y llamadas ilimitadas lo que impedía que otros pudieran igualar sus ofertas, por el costo de la interconexión.
El Legislador recordó que en 2012 la OCDE estimó que la falta de competencia en el sector de las telecomunicaciones en México le había costado al país 129 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, equivalentes al 1.8 por ciento del PIB. Lo que, agregó, fue un llamado de atención a los ciudadanos y autoridades sobre la importancia de contar con regulaciones y políticas que promovieran una competencia abierta y justa.
También comentó que por dichas prácticas no competitivas en el sector de telecomunicaciones, en 2013, se reformó la Constitución Federal para establecer medidas asimétricas a favor de la competencia, como la llamada preponderancia y se creó un organismo regulador autónomo responsable de asegurar el desarrollo eficiente del sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Organismo que declaró a América Móvil como agente preponderante y le impuso diversas medidas asimétricas frente a los demás concesionarios.
El legislador priísta destacó que la “Tarifa Cero en Interconexión”, establecida en julio del 2014 por el Congreso de la Unión, entre otras medidas asimétricas, la cual consiste en que el operador preponderante no cobrará a los demás concesionarios por el tráfico que use su red, abatió los costos para los usuarios, incentivó la competencia y atrajo nuevas inversiones al país, permitiendo la entrada de nuevos operadores de telecomunicaciones; generó beneficios palpables para los usuarios finales; incrementó el número de usuarios, y mejoró la calidad de los servicios.
"No obstante, resulta claro que para que el IFT logre un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, debe hacerlo en los términos que fijan las leyes y la propia Constitución. Lo que significa que si bien el IFT cuenta con autonomía constitucional y la propia Carta Magna le reconoce expresamente facultades, debe observar lo establecido en las leyes de telecomunicaciones y de competencia económica" reflexionó el coordinador priísta.
Finalmente dijo que "Corresponderá a la Suprema Corte la solución jurídica de esta muy relevante cuestión" pero, enfatizó, lo relevante que resultaría el revertir la decisión de los legisladores y, aseguró, que de ocurrir habría efectos negativos en la economía de los mexicanos, ya que se podría revertir la reducción de precios de los servicios a los usuarios, porque permitiría cobrar la interconexión por llamadas de larga distancia nacional, internacional y roaming. Pues, lamentó, el agente preponderante recuperaría su poder de mercado y podría desplazar a sus competidores, lo cual haría reconsiderar a las empresas nacionales y extranjeras sus inversiones en el sector.