En el dictamen, los senadores coincidieron con el Ejecutivo en que de no modificar dichos artículos se aplicarán de manera indiscriminada a todas las personas que reciban recursos públicos, sin distinción, incluso a quienes reciben beneficios de programas sociales, estudiantes que gozan de becas de entidades públicas, o bien personas físicas que prestan servicios a empresas con cualquier tipo de contrato público.
Destacaron que la reforma constitucional en esta materia “no incluyó, en el párrafo quinto del artículo 108 Constitucional, la obligación de personas físicas o morales, para presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ya quese refiere exclusivamente a la obligación de los servidores públicos de presentar las referidas declaraciones”.
Las comisiones dictaminadoras estuvieron de acuerdo con el Ejecutivo Federal en que la obligación impuesta a los particulares para presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses, resulta innecesaria puesto que permitir a las autoridades de conocer la información de las declaraciones de los particulares no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción.
De esta manera, se modificó el artículo 32 para que estén “obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente ley”.
Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
Por el Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Dolores Padierna Luna Dijo afirmó que cuando se aprobó el artículo 32, no se pensó en los beneficiarios de programas sociales, en los becarios del Conacyt o en los pequeños y medianos empresarios. “Se trataba --dijo-- de poner en regla a los magnates que, por sus acuerdos con el más alto poder político, se llevan las más grandes tajadas del presupuesto público cada año”.
Señaló que al magisterio nacional, que ha solicitado de manera reiterada el dialogo para revisar la reforma educativa, se le ha dicho que la ley no se negocia, pero “a los empresarios, a las cúpulas oligárquicas --que tienen derechos de picaporte con el propio presidente de la República-- se les dice que la ley si se negocia”.
La senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez consideró que existían varias posibilidades para evitar el veto presidencial, pero se tuvo que reunir otra vez al Congreso de la Unión para “corregir lo que se aprueba de noche, de manera inconsciente sin ni siquiera saber el contenido de lo que se está votando”.
Recordó que el objetivo de la llamada “Ley 3 de 3” fue que los funcionarios públicos no se enriquezcan a costa del erario y que nunca se pensó un ordenamiento de este tipo para empresarios, pero que el Presidente de la República perdió la oportunidad histórica de regresar a la iniciativa original de hacer públicas, obligatorias y completas las declaraciones de los funcionarios públicos.
Pablo Escudero Morales, presidente del Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, destacó que la reserva al artículo 32 se votó con 95 votos favor, pero después de una revisión jurídico-constitucional de convencionalidad, por parte del Ejecutivo federal, se observaron algunos temas para cumplir con los estándares internacionales.
Se trataba de una reserva con buena intención, asentó el legislador del Grupo Parlamentario del PVEM, que perseguía un fin legítimo pero que tenía “una mala redacción”.