En un punto de acuerdo, que se aprobó en la sesión de este miércoles 24 de agosto, la Comisión Permanente destacó que el suelo de la Ciudad está compuesto por un silicato arcilloso que se expande con el agua y se contrae por falta de ésta.
También subrayó que 72 por ciento del consumo del vital líquido se extrae de los acuíferos y sólo la mitad ingresó de nuevo, producto de las lluvias.
Senadores y diputados advirtieron en el dictamen que la lluvia no penetra hacia los mantos subterráneos, ya que las estructuras desarrolladas por el ser humano –carpetas asfálticas, edificaciones, parques y plazas– crean impermeabilidad, lo que impide la recarga del agua y hacen que ésta vaya directamente a los drenajes.
Al perder humedad, las arcillas y demás sedimentos del suelo presentan contracción, por lo que el volumen de los mismos baja de nivel. Además, las pérdidas de hectáreas forestales al año también influyen en la desecación de la zona, lo que impide la saturación del suelo, asentaron.
Los estragos, advirtieron los legisladores, “se hacen visibles cada día: en cinco meses 21 socavones han causado estragos en la Ciudad de México y se suman a los 289 que desde 2010 ha registrado el Sistema de Aguas de la Ciudad de México”.
Reconocieron que el gobierno local puso en marcha una aplicación móvil llamada “Baches 24”, que según diversos medios de comunicación a partir de su utilización se han atendido y tapado dos mil 204 baches para el 15 de julio.
Explicaron que una fractura es un rompimiento de las capas que componen el subsuelo, dicho rompimiento se visibiliza en la superficie con afectaciones a la carpeta asfáltica de calles y avenidas, banquetas y en inmuebles tanto públicos como casas habitación.
De esta forma, agregaron, con este fenómeno se ha visto severamente afectada la infraestructura urbana de varias delegaciones de la Ciudad de México, los daños estructurales que presentan cientos de inmuebles coloca a sus ocupantes en una situación de vulnerabilidad, lo que hace necesario e imprescindible se tomen medidas para mitigar el fenómeno y se implementen políticas públicas dirigidas a la atención de la problemática que genera.