La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, informó lo anterior durante la presentación del referido decreto, en un evento que se realizó en la Residencia Oficial de Los Pinos.
En su mensaje, la procuradora general del país mencionó que “un Estado democrático de derecho como el nuestro, requiere de leyes e instituciones que garanticen la vida e integridad de sus miembros”.
Por ello, para responder a este imperativo, “la presente ley tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que garanticen la protección y atención de personas intervinientes en el procedimiento penal, cuando se encuentren en situación de riesgo o peligro por su participación o como resultado del mismo”, planteó.
En este caso, la titular de la PGR reconoció que esta ley es fruto del diálogo entre el gobierno federal y el Congreso de la Unión.
La iniciativa fue presentada a finales de septiembre de 2011 por un grupo plural de diputados de casi todas las fracciones legislativas de la Comisión de Justicia; aprobada sin votos en contra por la Cámara de Diputados y, una vez en el Senado de la República, la minuta se enriqueció con las aportaciones de los senadores.
En el pleno de la Cámara alta, explicó, también fue votada de manera favorable por unanimidad, y finalmente las modificaciones se aprobaron en la Cámara de Origen, lo que representa un gran consenso en ambas cámaras del Legislativo Federal.
Mediante esta Ley, dijo, podrán incorporarse al Programa Federal de Protección a Personas: víctimas, ofendidos, testigos, agentes del Ministerio Público, peritos, policías, jueces y demás miembros del Poder Judicial, entre otras.
La procuradora explicó que el programa los protegerá cuando su participación en un procedimiento penal por delitos graves o delincuencia organizada, les genere situaciones inminentes de amenaza o riesgo.
Destacó que las medidas de asistencia o seguridad que se proporcionarán por el Estado a estas personas van desde la asistencia y/o tratamiento psicológico, médico y sanitario, a través de los servicios de asistencia y salud pública, además del traslado de las personas protegidas a distintos lugares, así como de custodia policial.
Además se les podrá brindar alojamiento temporal o medios económicos para transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites personales, así como el auxilio en cambio de domicilio o residencia, lugar de trabajo y centro de estudios.
En algunos casos, con base en las circunstancias propias, se les podrá brindar a las personas una nueva identidad y para aquellos que estén recluidos en prisión preventiva o en ejecución de sentencia se tomarán otras medidas como la separación del resto de la población.
Para conseguir lo anterior, mencionó que también se crea el Centro Federal de Protección a Personas como un Órgano Desconcentrado y Especializado de la PGR, que tendrá autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección.
Éste, puntualizó, estará a cargo de un director, nombrado y removido por el Ejecutivo federal a propuesta del procurador general de la República.