Ademas, para enfrentar juntos el reto de supervisar los más de cinco mil centros de privación de la libertad y terminar con las situaciones que son motivo de riesgo de ese delito, se informó en un comunicado.
Los ombudsman coincidieron que invocar circunstancias especiales o situaciones excepcionales cómo tiempos de guerra, no son causas de justificación o excluyentes de responsabilidad del delito de tortura.
Tampoco lo son invasión o su peligro inminente, perturbación grave de la paz pública, grave peligro, conflicto armado, inestabilidad política interna, suspensión de garantías, dijo el presidente nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
El ombudsman expuso que los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como los vinculados, deben ser perseguidos, investigados, procesados y sancionados conforme a las reglas de autoría.
Además, bajo la participación y concurso previstas en la legislación penal aplicable, y las reglas de acumulación de procesos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Aclaró que los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de tortura.
La práctica de ese ilícito es una de las formas más graves de violación a derechos humanos, indicó.
Lo anterior, dado que al atentar contra la dignidad de las personas y causarles graves daños físicos y psicológicos, las secuelas puedenn ser más destructivas e imposibles de superar.
González Pérez dijo que a pesar de los importantes avances observados en la prevención de la tortura, en diversos lugares de detención del país se han constatado situaciones que pueden provocar condiciones de maltrato a las personas privadas de la libertad.
Para tal efecto, los ombudsman realizarán visitas de supervisión a las instalaciones de dichos centros de privación de la libertad, donde se ha advertido la persistencia de situaciones apremiantes, y durante las cuales examinarán el trato proporcionado a las personas privadas de la libertad.
Con ello se busca evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales que les asisten respecto del trato humano y digno, la legalidad y la seguridad jurídica, así como la protección de la salud y la integridad personal.
Explicó que, ante el incremento de la inseguridad, violencia y la presencia de grupos del crimen organizado en el país, deben fortalecerse las capacidades de los órganos de justicia de los tres órdenes de gobierno para que realicen investigaciones científicas y profesionales, con la finalidad de erradicar la tortura y el maltrato hacía las víctimas.
