El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) publicó hoy en el Diario Oficial los 12 acuerdos establecidos en su más reciente reunión, entre los que destaca la creación de las cinco Instancias Regionales de Coordinación para unificar las políticas públicas en seguridad.
El norte del país se dividió en dos zonas: la Noroeste que incluye los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; y la Noreste, que abarca Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
En estas entidades se han registrado los mayores índices de violencia del crimen organizado y los mayores enfrentamientos entre los carteles de Sinaloa y del Golfo, por un lado, y de Los Zetas, por el otro.
A su vez, la zona Occidente abarca los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán Nayarit, Querétaro y Zacatecas.
Esta región también se ha caracterizado por fuertes choques, principalmente en Michoacán y Jalisco, entre diversos grupos aliados de los principales cárteles, como las agrupaciones Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios.
La zona Centro incluye a la Ciudad de México y los estados de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Los grupos del narcotráfico y el crimen organizado extendieron su influencia y la guerra por el control de plazas en algunas de estas entidades, en especial Guerrero, Estado de México y Morelos.
Finalmente, la quinta región es la Sureste, que abarca los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Estos estados han sido identificados como las principales rutas de narcotráfico y el tráfico de migrantes indocumentados centroamericanos que controlan diversos grupos, principalmente células de cártel del Golfo y Los Zetas.
El CNSP recordó que el objetivo de estas cinco regiones es atender los problemas específicos de cada zona de acuerdo con los objetivos generales de prevenir el delito, proteger los derechos humanos, y transformar las instituciones policiales y de justicia.
Añadió que en cada instancia regional, que deberán estar instaladas en "un plazo no mayor de 45 días naturales", participarán representantes de los Ministerios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y la Fiscalía.
Entre los otros acuerdos publicados figuran el de incorporar cinco representantes civiles permanentes en el Consejo, y trabajar en las políticas para corregir los entornos que provocan violencia social y delincuencia.
Se destacó la creación de instancias locales para garantizar el respeto a los derechos humanos, estudiar la viabilidad de diversos modelos de mando único o de policía estatal coordinada, establecer un modelo de carrera policial con beneficios y garantías, y elaborar el programa de capacitación de los agentes de seguridad con cinco academias regionales de policía.
Estas medidas forman parte de la nueva estrategia de seguridad para enfrentar al crimen organizado, cuya violencia dejó unas 70,000 muertes durante la Administración pasada, que lanzó una ofensiva militar frontal contra los carteles de la droga.