En el exhorto hecho al gobierno estatal, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos se solicitó también un informe detallado sobre los efectos negativos que representan para esa refinería la existencia de tomas clandestinas usadas para la extracción ilegal de combustible en su red de ductos.
De acuerdo con el dictamen avalado en la sesión del 29 de julio, en Nuevo León se concentran más de la mitad de las ordeñas detectadas en el histórico de la Procuraduría General de la República (PGR), de 2006 a agosto de 2014, registrando 892 sustracciones ilegales, es decir 9.9% del total. Además, se subraya el riesgo que estas actividades ilícitas representa a la población que vive en zonas aledañas y donde se resguarda el producto sustraído, a lo que se suma el daño al medio ambiente, por las fugas que se ocasionan en la apertura de los ductos y por el manejo de hidrocarburos y sus derivados.