Fortalece PVEM derechos humanos de las mujeres

Los diputados del Partido Verde exhortaron a las legislaturas de Baja California, Campeche y Sonora a modificar sus Códigos Penales, a fin de establecer una acción penal a quien cometa estupro, es decir, a quien valiéndose del engaño, tenga relaciones sexuales con un adolescente.

La legisladora federal Jorgina Gaxiola Lezama destacó que de acuerdo al artículo 262 del Código Penal Federal vigente, se castiga la cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño. Las penas aplicables van de tres meses a cuatro años de prisión.

Lamentó que a pesar de los avances registrados en nuestro país sobre la conformación de un marco jurídico encaminado a garantizar el acceso de las mujeres a la libertad, la justicia y la seguridad en igualdad de condiciones que los varones, aún subsistan legislaciones que atentan en contra de la dignidad e integridad de las mujeres y representan un obstáculo para sancionar y erradicar la violencia en su contra.

Un ejemplo de lo anterior es el tratamiento que se le da al delito de estupro en algunos Códigos Penales locales, en los cuales el matrimonio representa un salvoconducto para la extinción de la acción penal en contra del infractor.

"El indulto se otorga como una forma de compensación a la víctima en lugares donde su honor se pondera sobre sus derechos, la familia cree que su hija fue mancillada y que el matrimonio repara esa falta. Así, erróneamente el matrimonio se convierte en un medio de restitución de los daños sexuales causados a la mujer ofendida", señaló, Gaxiola Lezama.

Cabe destacar que en la primera mitad del año se han registrado un total de 863 acusaciones de estupro en el país, de las cuales 36 han sido levantadas en Baja California, 12 en Campeche y 45 en Sonora. Nuevo León encabeza la lista al presentar un total de 122 denuncias en lo que va del año.

En ese sentido, la diputada federal del PVEM, Jorgina Gaxiola hizo un llamado a la reconsideración del delito de estupro bajo un contexto de perspectiva de género, a fin de que la norma deje de ubicar a la mujer en una situación de subordinación frente al varón y evitar que esta figura jurídica cree un mayor perjuicio a las víctimas del delito al incentivar el matrimonio precoz.

Fuente: Cámara de Diputados