Fuerzas Armadas mexicanas cumplirán labores de seguridad pública hasta 2024

Las Fuerzas Armadas podrán realizar permanentemente labores de seguridad pública hasta marzo de 2024, según un acuerdo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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Fuerzas especiales del Ejército mexicano desfilan el martes 4 diciembre de 2012, durante el pase de revista de las Fuerzas Armadas mexicanas por parte del expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

En el acuerdo se apuntó que el Ejército y la Marina mexicanos llevarán a cabo "tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional", cuerpo de seguridad creado en marzo de 2019 para tareas de seguridad, integrado por agentes de las Policía Militar, de Marina y de la extinta Policía Federal.

En el documento, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes 8 de mayo, se recordó el decreto de la creación de la Guardia Nacional.

En el cual se estableció que, "durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública".

Además de que "en materia de Guardia Nacional, la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha institución de seguridad pública, requiere de un período de implementación, a efecto de cumplir cabalmente con las funciones a su cargo".

En el acuerdo publicado este día se señala que "la seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado", por lo que "resulta imprescindible garantizar a la población, el cumplimiento de dicha obligación a cargo del Estado".

Ante ello "se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (Alfonso Durazo) para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional".

SUJETA A LEY

Se señaló que durante el periodo de cinco años acordado, la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública quedará sujeta a lo que establecen diversas fracciones del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional.

Esto en lo que respecta a prevención del delito, salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, cumplir con los requisitos legales para una detención y colaborar con otras autoridades federales en funciones de vigilancia, verificación e inspección.

Por lo que el acuerdo no le otorga a los militares facultades que sí tiene la Guardia Nacional, como son la investigación para la prevención de delitos, llevar a cabo operaciones encubiertas o realizar análisis de información para la generación de inteligencia.

Además se advirtió que el trabajo de los militares dentro de la Guardia Nacional debe respetar los derechos humanos.

"La Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia".

EL ACUERDO GENERA CRÍTICAS

Ante la publicación del acuerdo diversas organizaciones de derechos humanos manifestaron su descontento.

"Así, se confirma que la Guardia Nacional existirá cabalmente hasta 2024 y que entre tanto seguirá avanzando la militarización de la seguridad pública", apuntó en Twitter el prestigioso Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

"Urge que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la constitucionalidad de las leyes de la Guardia Nacional para fortalecer controles externos e internos", añadió.

En el decreto de la Guardia Nacional del 26 marzo de 2019 se estableció un periodo de cinco años para que el Ejecutivo federal pueda disponer de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública

La Guardia Nacional tiene como objetivo de reducir los altos índices de delincuencia que sufre el país, donde el pasado año se registraron alrededor de 35.000 asesinatos durante 2019, siendo el más violento de la historia de México desde que empezaron los registros en 1997.